Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió este viernes al Gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición retomar las negociaciones como mecanismo para solucionar la crisis. “He apelado a los líderes políticos para que participen en el diálogo construido por Noruega”, dijo antes de abordar un avión en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas.
Su visita de tres días concluye con un acuerdo con el régimen para establecer dos delegados de su oficina de modo permanente en el país para el monitoreo, asesoría y asistencia técnica.
Bachelet se mostró conmovida por la situación de los presos políticos y pidió su liberación, pero también destacó su preocupación por los efectos de las sanciones sobre la industria petrolera –impuestos por Estados Unidos– sobre Venezuela. “Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas de los familiares por obtener justicia ante graves violaciones de los derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen (…) Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de la Tortura, así como para evaluar los principales obstáculos en el acceso a la justicia del país”, detalló.
En su meteórica inspección intentó escuchar distintas voces. Cada sector de la sociedad tenía un lamento. En distintas zonas de la capital y algunas provincias, hubo manifestaciones de doctores y pacientes para reiterar la crisis de salud, de los hijos de los presos políticos que clamaron libertad para sus padres, de profesores desesperados alarmados por la decadencia de la educación, de jóvenes exponiendo el gigantesco éxodo y de periodistas rechazando la censura del régimen, entre otros reclamos.
En total, ocurrieron 31 protestas a propósito de la visita, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Solo una fue atacada por grupos parapoliciales, conocidos como colectivos, porque el resto transcurrió en calma. Marco Ponce, director de OVCS, dice que es una situación atípica porque, comúnmente, los manifestantes son agredidos por los cuerpos de seguridad gubernamentales y civiles armados. “Solamente, en 2019, unas 61 personas han sido asesinadas durante protestas, mientras otras seis fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por organizarlas. Creemos que no hubo represión por la presencia de Bachelet”, acota.cortesíaelpaís.com
