El Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega ha liberado a 50 presos políticos. Personas encarceladas durante la crisis que estalló hace un año y ha dejado cientos de muertos en el país.
Algunos de los beneficiados por la medida denuncian que sufrieron torturas y trato inhumano en las cárceles de alta seguridad, donde les repetían que no tenían derechos y que morirían encarcelados.
“No tuvimos atención médica ni nada. Ellos hacían lo que ellos querían con nosotros. Nos golpeaban y todo”, denuncia el joven Ronmel Guillén.
Esta liberación es el resultado de una polémica Ley de Amnistía aprobada el sábado pasado por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional. Según denuncia la oposición nicaragüense, esta ley no busca en realidad beneficiar a los encarcelados por manifestarse contra Daniel Ortega, sino, sobre todo, favorecer a los policías y paramilitares responsables de muertes durante la represión.
De hecho, la ley supone el cierre de todos los procesos administravos y penales iniciados, así como la ejecución de las sentencias y la liberación de todos los presos encarcelados por delitos políticos y delitos comunes anexos. Para la oposición, esta decisión liberará de acusaciones a los miembros de la Policía Nacional y a los civiles armados que actuaron para levantar los bloqueos, y privará de justicia a las víctimas.
La oposición denuncia también que de los 50 excarcelados, dos no son presos políticos, sino delincuentes comunes condenados por narcotráfico.
Las autoridades aseguran que ya se preparan nuevas liberaciones.
En 15 meses de crisis sociopolítica han muerto en Nicaragua al menos 325 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos locales elevan esa cifra a casi 600.
