La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó Requerimiento Fiscal y en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó orden de captura en contra del ciudadano Roberto Alejandro Bandes Atuán por un delito de lavado de activos y cuatro delitos de encubrimiento en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata de una causa que también involucra al exdirector del ese centro asistencial, Mario Roberto Zelaya Rojas, acusado de cuatro delitos de malversación de caudales públicos y cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios, así como a su ex director del departamento de Compras, Materiales y Suministros, José Alberto Zelaya Guevara, sindicado de cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios (éste último prófugo de la justicia).
En esta nueva línea de investigación judicializada ante los Tribunales Anticorrupción, el Ministerio Público logra develar cómo Roberto Alejandro Bandes Atuán, amigo de Mario Roberto Zelaya Rojas, en el 2013 se sumó al esquema de saqueo y blanqueo de capitales del IHSS, recibiendo Lps. 5,350,000.00 de tres empresas fachadas, fantasmas o de maletín y otros Lps. 4,291,000.00 de líneas de crédito extendidas a favor de una agencia de viajes.
Según se comprobó, Roberto Alejandro Bandes Atuán, valiéndose únicamente del hecho de ser allegado al exdirector del “Seguro Social”, recibió cheques de las empresas fachadas SUMIMED, SARPER y COPROMED, fondos que utilizó para incrementar su capital. En el caso de tour operadora Destinos de Éxito, el encausado compró una gran cantidad de pasajes aéreos a Mario Roberto Zelaya Rojas, su familia, funcionarios de esa institución y personas particulares.
Cabe mencionar, que órdenes para que se emitieran irregularmente estos pagos salieron de los despachos de la dirección general del IHSS y del departamento de Compras, Materiales y Suministros.
En total, mediante la suscripción de falsos contratos de prestación de bienes y servicios entre el IHSS y empresas fachadas, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del MP registró y documentó la sustracción de casi 300 millones de lempiras de las arcas estatales, mecanismos ilícitos por los que ya guardan prisión y han sido condenados decenas de personas.
