El gobierno del presidente Donald Trump está considerando suspender o limitar el ingreso a Estados Unidos a quienes provengan de países cuyos ciudadanos suelen exceder los tiempos de estancia de sus visas, una propuesta similar a las controversiales restricciones migratorias que buscó el mandatario durante su primer año en el poder.
De acuerdo con un memorando enviado el lunes por el mandatario, Trump instruye a su gobierno a examinar la manera de reducir las permanencias tras la expiración de visados ya sean empresariales o de turista, como parte del renovado enfoque para frenar la migración de cara a las elecciones de 2020.
Además señala que el gobierno sopesa el desarrollo de “bonos de admisión” —las personas que ingresan al país deberían pagar una cuota que les sería reembolsada a su salida— en un intento por mejorar el cumplimiento de los plazos establecidos en las visas.
“Tenemos leyes que necesitan seguirse para mantener a salvo a los estadounidenses y proteger la integridad de un sistema en donde, en este momento, hay millones de personas que hacen fila para venir a Estados Unidos en busca del Sueño Americano”, dijo Trump en un comunicado.
Los casos de personas que exceden sus visados superan en número a los cruces fronterizos ilegales, de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios, una organización apartidista. Algunos de los países con altas tasas de personas que permanecen tras la expiración de su visa son Chad, Yibutí, Eritrea, Liberia, las Islas Salomón, Benín y Burkina Faso. Las autoridades señalan que hay 20 naciones cuyas tasas exceden el 10%.
El memo otorga a los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional un plazo para presentar recomendaciones, incluyendo la posibilidad de limitar la duración de las visas.
La idea de imponer restricciones a los países con altos índices de permanencia forma parte de una larga lista de propuestas que sopesan las autoridades en su intento por complacer a un presidente que ha expresado su frustración ante el enorme número de migrantes en la frontera mientras intenta cumplir con sus promesas de la campaña de 2016 y revigorizar a sus simpatizantes de cara a 2020.
Las propuestas han sido desde las extremas —incluyendo la amenaza de Trump de cerrar por completo la frontera sur y retomar la sumamente criticada práctica de separar a los menores de sus padres— hasta variaciones más sutiles al sistema de migración legal.
Se trabaja también en planes para que los agentes de la Patrulla Fronteriza, y no los funcionarios de asilo, realicen las entrevistas iniciales a fin de determinar si los solicitantes de asilo tienen “miedo creíble” de volver a sus países de origen.
Además, el gobierno ha sopesado la posibilidad de tomar medidas respecto al pago de remesas que las personas que están ilegalmente en el país envían a sus familiares, así como proseguir con planes de sancionar a los inmigrantes que están legalmente en Estados Unidos por el uso de prestaciones sociales como los cupones para alimentos.
