La Justicia de Perú rechazó hoy los recursos de casación presentados por la detenida líder opositora Keiko Fujimori y por su partido, Fuerza Popular, para que se anule la investigación que se le sigue bajo la Ley de crimen organizado.
La decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y se refirió al pedido para que se anule la decisión fiscal que amplió a 36 meses la investigación sobre los llamados casos de cocteles y presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de Keiko en 2011.
Dada la complejidad del caso, “es un tiempo razonable”, remarcó la jueza Elvia Barrios, presidenta del Tribunal Supremo al ratificar la decisión tomada por el fiscal de Lavado de Activos José Domingo Pérez.
En las sentencias sobre ambos recursos, que se leyeron por separado, la Corte Suprema remarcó que en la investigación en el marco de la Ley de crimen organizado se debe justificar la “razonabilidad y necesidad” de que las diligencias preliminares alcancen el plazo máximo de 36 meses.
Las resoluciones también remarcaron que la defensa de Fujimori no cuestionó las disposiciones que emitió el fiscal durante la investigación, que comenzó en 2015, hasta que en septiembre de 2017 dispuso aplicar esta ley a la investigación.
El Tribunal subrayó que dados los plazos, la investigación sí debería terminar el próximo 19 de octubre, fecha en la que la Fiscalía deberá presentar una acusación formal o bien renunciar a solicitar un proceso.
La decisión de hoy contra el pedido de Keiko se dio un día después de que la líder opositora fuera detenida de manera preliminar, durante 10 días, mientras se le investiga por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso por supuestos aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral de 2011
Este miércoles, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención de Fujimori por existir “fundados elementos de convicción” del delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación fiscal.
La orden de detención preliminar también comprende a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y otras 17 personas vinculadas con las presuntas aportaciones económicas irregulares de Odebrecht.
En la resolución se detalló que la orden de detención se dio porque Keiko presuntamente constituyó “una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”.
Señaló que esa organización “tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.
Tanto el empresario brasileño Marcelo Odebrecht como su exrepresentante en Perú Jorge Barata han señalado a fiscales peruanos que la constructora dio aportes económicos a la campaña de Keiko, quien negó reiteradamente haber recibido ese dinero.
Horas después de ser detenida, Fujimori aseguró que es víctima de una persecución política y dijo que saldrá “más fortalecida de esta injusticia” y que fue detenida “sin argumentos jurídicos”.
