Un juez de Brasil ha bloqueado este domingo la orden de excarcelar a Lula da Silva para que pudiera ejercer como precandidato a las elecciones presidenciales del próximo octubre, para las que parte como uno de los favoritos. Un juez de apelación había ordenado su puesta en libertad urgente, pero no se ha llegado a ejecutar esa decisión. El juez Rogerio Favreto, que estaba de guardia en el Tribunal Regional Federal 4 (TRF-4), aceptó la petición de habeas corpuspresentada por diputados del Partido de los Trabajadores (PT) para que el exmandatario abandonara la cárcel, donde cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
El juez de apelación ordenó que “se cumpla con urgencia” la excarcelación por parte de cualquier autoridad policial presente en la cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluido Lula. El Tribunal Regional Federal-4 una corte de segunda instancia, inferior por tanto a la Suprema Corte, que ya había negado peticiones de habeas corpus a Lula. El juez Favreto justifica que la pre-candidatura de Lula a las elecciones convocadas para octubre próximo (la candidatura oficial solo puede ser anunciada en agosto) es un “episodio nuevo” se ve afectada por la condición de preso de Lula, por lo que se debe permitir su plena libertad para que pueda cumplir la aspiración de participar de hecho en el proceso democrático.
La polémica decisión de ordenar la excarcelación generó reacciones inmediatas. El primero a manifestarse en contra fue el juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones de la Lava Jato en Brasil, sobre la trama de corrupción de Petrobras, y el enemigo número uno de Lula. Moro puso en duda que el juez Favreto tenga potestad para ordenar la puesta en libertad del expresidente, cuando los tres jueces de ese tribunal ya habían decidido lo contrario. “Es autoridad incompetente para sobreponerse a la decisión conjunta de los jueces del TRF-4 y de la corte Suprema”, escribió el titular de la Justicia en Curitiba, en el Estado de Paraná, donde Lula está preso. Una fiscalía regional que actúa en la misma jurisdicción que el TRF-4 también se manifestó en contra. Tres expertos entrevistados por EL PAÍS dicen que el juez de guardia sí tenía poder para llevar adelante la decisión de excarcelar a Lula.
Todo indica que este nuevo episodio va a incendiar la batalla jurídica que se estableció en Brasil desde que comenzó la investigación judicial del caso la Lava Jato en 2014.
