Una niña que vestía zapatos color rosa con moños en la punta sonreía desde su asiento en un tribunal de inmigración de Los Ángeles. La pequeña de 7 años está feliz ahora que se encuentra a miles de kilómetros de distancia de la violencia en su país natal, El Salvador.
En una ocasión, los tiroteos entre pandillas la obligaron a acostarse en el suelo de su casa. Huyó de Centroamérica el año pasado con su bisabuela para reunirse con su madre en Estados Unidos. En la frontera con México, las autoridades estadounidenses las separaron y tuvo que vivir en una instalación para menores por aproximadamente un mes. Su madre comentó que la niña lloraba tanto que el personal de la instalación le daba más tiempo para hablar con ella por teléfono.
Eventualmente, se reunió con su madre y ahora solicitan asilo.
Su caso, que fue escuchado en la corte el martes, es anterior a la política de “cero tolerancia” del gobierno del presidente Donald Trump que pide presentar cargos criminales a todos los inmigrantes que sean detenidos en la frontera. Pero ilustra que los niños que llegan de Centroamérica han enfrentado durante mucho tiempo la posibilidad de ser separados de sus familias y que han pasado por un complejo sistema de inmigración que puede tardar meses o años para tomar una decisión debido al gran número de casos rezagados.
El gobierno de Estados Unidos ha separado a más de 2.300 niños migrantes de sus padres en las últimas semanas como parte de una política que desató indignación generalizada tanto entre los demócratas como entre los republicanos. El miércoles, Trump cedió ante la presión y firmó una orden ejecutiva para poner fin a las separaciones de familias. Fue un giro drástico para el mandatario, quien equivocadamente ha insistido en que su gobierno no tiene más opción que separar a las familias porque está obligado por la ley y un fallo judicial.
Muchos de los niños afectados pronto estarán en un tribunal de inmigración en alguna parte de Estados Unidos para presentar sus argumentos para quedarse en el país de manera legal y evitar la deportación.
En un tribunal de inmigración de Los Ángeles, la jueza A. Ashley Tabaddor tenía más de 20 casos en su expediente, todos ellos sobre menores y la mayoría de solicitantes de asilo. Algunos llegaron al país hace un año, o incluso dos. Todos cuentan con un abogado y buscan quedarse en Estados Unidos mediante asilo o a través de un programa que proporciona las tarjetas de residencia permanente para inmigrantes, conocidas como “green card”, a los niños abandonados o que hayan sufrido maltrato.
La niña y otros menores solicitaron asilo en una oficina operada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) y están a la espera de una entrevista. En marzo, la agencia tenía más de 17.000 casos de menores de edad pendientes de revisión.
Jennifer, la madre de la niña de 7 años, pidió que no se utilizara su nombre completo por temor a que el gobierno intentara deportar a la familia. A la mujer de 25 años le preocupa ser deportada debido a que cada vez es más difícil ganar los casos de asilo, incluso cuando la violencia empeora en su país natal.
Su hija, abrazando una chaqueta, bajó la voz y los ojos cuando habló sobre su vida en El Salvador.
Dijo que era horrible y peligroso. Relató que al poco tiempo de llegar a Estados Unidos golpeó con los puños la ventana y comenzó a llorar cuando los agentes fronterizos la separaron de su bisabuela, quien la había criado desde que era muy pequeña.
La bisabuela fue liberada posteriormente y ahora tiene un proceso de inmigración en California, de acuerdo con la madre de la niña.
La menor tenía en ese entonces 5 años y el estrés que sufrió tuvo repercusiones mientras vivía en la instalación. La madre señaló que la pequeña lloraba mucho y que no pensó en que las fueran a separar en la frontera.
Alrededor de un mes después, la niña fue enviada a vivir con su madre en el sur de California. Dijo que le gusta ir al parque y a la escuela, y nuevamente sonrió.
