El sacerdote argentino Justo José Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por haber abusado sexualmente de siete menores.
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Estos delitos fueron cometidos entre 1984 y 1995, cuando Irraraz era preceptor en el Seminario Menor de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. La edad de las víctimas, en ese entonces, era de entre 10 y 14 años.
Así avanzaron las acusaciones
Las primeras denuncias públicas contra este religioso fueron en el 2012 gracias a un reporte periodístico donde se revela que la Iglesia Católica ya había hecho una investigación interna al respecto, sin embargo los resultados jamás fueron enviados al Vaticano.
Para el 2014 los abogados de Ilarraraz alegaron que los delitos de los que era acusado su cliente ya habían prescrito, pero la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos rechazó este alegato y la investigación continuó.
Finalmente el 16 de abril de este año inició la etapa de juicio oral, que duró poco más de un mes y donde se escucharon los testimonios de 24 sacerdotes, 4 exreligiosos y 3 obispos; de las víctimas y sus familiares; y del propio Ilarraz, quien además de declararse inocente afirmó que se buscaba manchar su imagen.
Ante los jueces, Sergio Romero, una de estas víctimas (que no se encuentra entre los denunciantes) declaró:
“Me saqué de encima el ahogo que tuve durante 27 años.
Yo no tengo Facebook y nunca quise agarrar un celular por miedo a qué me podían decir o quién lo iba a decir. Cada vez que veía autos parecidos a los de Ilarraz me escondía y se me aceleraba el corazón”.
Una de las pruebas claves contra el cura, fue una carta del Vaticano que revela que en 1997 Ilarraz se confesó y reconoció ante el Tribunal Eclesiástico que tuvo “relaciones amorosas y abusivas con seminaristas menores” .
La condena
Este lunes, Justo José Ilarraz fue condenado por los delitos de corrupción y abuso de menores por un tribunal de Paraná. La sentencia de 25 años fue firmada de forma unánime por los jueves Gustavo Pimentel, Alicia Vivian y Carolina Castagno.
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Tras el fallo, el Tribunal dictó una orden de prisión domiciliaria contra el sacerdote, ya que la decisión podría ser apelada por la defensa del sacerdote.
