Sebastián Piñera, presidente de Chile, modificó el protocolo de aplicación de la ley de aborto en tres causales aprobada bajo la administración de Michelle Bachelet, para facilitar que instituciones privadas apelen a la “objeción de conciencia” y no practiquen la interrupción del embarazo.
A través de un decreto emitido el viernes, el Ministerio de Salud eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.
El anterior protocolo rescindía los convenios pactados entre el Estado y aquellas instituciones privadas que apelaran a la objeción de conciencia para no practicar los abortos.
El nuevo protocolo reduce también los requisitos exigidos a las instituciones, al excluir la necesidad de justificar “en base a creencias, valores, idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos” la decisión de objetar.
