Un grupo de 17 congresistas de EEUU piden investigar la masacre de Rigores por medio de una carta formal que ha sido enviada al secretario de Estado, Marco Rubio.
Lo que debes saber:
Solicitud para Rubio
Los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, encabezado por los legisladores demócratas James P. McGovern y Delia C. Ramírez han animado al Departamento de Estado a respaldar y coordinar con el Gobierno de Honduras la creación de una investigación internacional e independiente para esclarecer la masacre de trabajadores campesinos ocurrida en la comunidad de Rigores, ubicada en la conflictiva región del Bajo Aguán, el 21 de mayo de 2026.
La iniciativa legislativa surge tras los recientes hechos violentos que cobraron la vida de campesinos locales, un acontecimiento que reavivó la alarma internacional sobre la indefensión en que se encuentran los trabajadores agrícolas en la zona norte de la nación centroamericana.
Los congresistas señalaron que la magnitud de los crímenes cometidos en Rigores exige la intervención de un mecanismo con altas capacidades técnicas y neutralidad política que garantice la identificación y juzgamiento de los autores materiales e intelectuales.
En el texto dirigido al jefe de la diplomacia estadounidense, los firmantes expresaron su profunda inquietud por el persistente clima de impunidad que prevalece en el Bajo Aguán, donde las disputas por la tenencia de la tierra han derivado en décadas de violencia contante.
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Los legisladores advirtieron que la proliferación de estructuras armadas irregulares y fuerzas de seguridad privadas ligadas al agroextractivismo perpetúa un ciclo de abusos sistemáticos contra los derechos humanos de la población rural.
Además de exigir la averiguación penal del caso Rigores, los representantes estadounidenses solicitaron que la administración del presidente Marco Rubio presione a las autoridades hondureñas para implementar esquemas efectivos de protección a los líderes comunitarios y defensores de la tierra.
Lo hecho por Honduras “no es suficiente”
A juicio de la bancada impulsora, las medidas cautelares y los programas de seguridad actuales resultan insuficientes ante el nivel de letalidad y amenaza que representan los grupos armados no estatales que operan en el área.
La carta también enfatiza que la erradicación de la violencia en el departamento de Colón requiere abordar los problemas estructurales e históricos del acceso y la propiedad de la tierra.
Los miembros del Congreso abogaron por el diseño de políticas públicas integrales que respeten la legalidad y permitan desactivar las tensiones agrarias, señalando que la falta de reformas de fondo solo continuará desencadenando hechos trágicos entre las comunidades campesinas del valle del Aguán.
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El respaldo de estos 17 congresistas refleja un incremento en la presión política desde Washington sobre la agenda de derechos humanos y justicia en Honduras. Diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones internacionales en el país han respaldado la petición de los legisladores norteamericanos, destacando que el acompañamiento internacional es determinante para evitar que la masacre de Rigores quede archivada sin resolverse.
Con la solicitud ya radicada en el despacho del Secretario de Estado, se espera que el Departamento de Estado de los Estados Unidos defina los mecanismos de cooperación y diálogo bilateral que sostendrá con el Ejecutivo hondureño respecto a la comisión investigadora.
Entre tanto, las familias de las víctimas e integrantes de las organizaciones agrarias de Rigores mantienen la exigencia de que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas que pongan fin al derramamiento de sangre en la región.
