Próspera ZEDE informó la juramentación del abogado hondureño Alberto A. Hernández Franks como fiscal civil de esa jurisdicción, cargo que, según la propia organización, tendrá responsabilidades relacionadas con asuntos civiles, administrativos y el cumplimiento de las normas internas. El nombramiento fue divulgado por Próspera a través de sus canales oficiales.
De acuerdo con la información difundida, Hernández Franks es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), posee una Maestría en Derecho (LLM) de Penn State University y está admitido en la Barra de Abogados del estado de Nueva York. Próspera presentó su incorporación como parte del fortalecimiento de su estructura institucional.
Entre las funciones atribuidas al nuevo fiscal civil se encuentra la aplicación de las normas, estatutos y regulaciones de Próspera ZEDE. La organización también señala que podrá promover acciones de cumplimiento ante el proveedor de servicios de arbitraje por defecto y participar en procedimientos relacionados con el cobro forzoso de tributos.
Asimismo, Próspera indicó que Hernández Franks tendrá entre sus responsabilidades velar por el cumplimiento de reglas relacionadas con la vida, la propiedad y el orden público dentro de la jurisdicción. Según la organización, el nombramiento busca mantener una estructura institucional orientada al estado de derecho y a la gobernanza para el desarrollo económico.
La juramentación ocurre mientras continúa en Honduras la controversia jurídica alrededor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró, por mayoría de votos, la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 y del Decreto 120-2013, relacionados con las reformas constitucionales y la Ley Orgánica de las ZEDE.
Pese a ese fallo, Próspera sostiene una posición jurídica distinta sobre el alcance y aplicación de las decisiones nacionales y ha continuado desarrollando su estructura institucional en Roatán. La propia organización reconoce que existe incertidumbre jurídica alrededor de las ZEDE, mientras mantiene que sus operaciones y derechos están respaldados por argumentos de estabilidad jurídica y mecanismos de arbitraje internacional.
