La familia de Angie Peña desmiente a la ATIC en un categórico comunicado público para desmentir las recientes declaraciones del director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el comisario de policía Ángel Fernando Murillo Paz, quien afirmó que la agencia jamás ha llevado un caso relacionado con la joven desaparecida en Roatán en 2022.
La familia de la víctima calificó de “mentiras” los dichos del funcionario, acusando a las autoridades de intentar desmarcarse de las investigaciones y revictimizar a sus seres queridos mientras la joven continúa en cautiverio.
En el documento, los familiares de Angie Peña tildaron de inaceptable que el titular de la ATIC sostenga que la agencia no maneja el expediente ni conoce de investigaciones vinculadas a la joven.
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Recordaron que el funcionario ejerce un cargo público financiado por los impuestos de la ciudadanía y advirtieron que este tipo de pronunciamientos desinforman a la sociedad y entorpecen la búsqueda de justicia, en un contexto donde el crimen organizado transnacional opera de forma institucionalizada dentro de las estructuras de seguridad nacional.
Para sustentar su postura, la familia reveló que cuenta con contundentes evidencias que demuestran la participación directa de la ATIC en el expediente. Entre las pruebas mencionadas figuran actas de reuniones con la directora de Fiscales, Abog. Alicia Marcela Puerto Suazo, capturas de pantalla de comunicaciones con agentes de la agencia, documentos oficiales con acuse de recibo e incluso la entrega del teléfono celular de Angie, el cual la propia ATIC solicitó periciar como parte de una tercera línea de investigación tras la captura de miembros del grupo criminal denominado “Delta Teams” en 2024.
Asimismo, cuestionaron las intenciones del Ministerio Público al negar las acciones de peritaje y los allanamientos a bienes vinculados a los “Delta Teams”, cuyas fotografías y avances fueron difundidos públicamente por la propia institución en su momento.
La familia se preguntó con indignación a quiénes pretenden proteger las autoridades al negar información que consta en expedientes oficiales y cómo es posible que traten de lavarse las manos en perjuicio de las víctimas directas e indirectas de la red de trata.
El comunicado también pone sobre la mesa el asesinato del testigo protegido Dereck Isaac McNeil James, perpetrado por sicarios en Roatán. Según los parientes de Angie, el testigo había manifestado haber visto con vida a la joven y dejó asentado en su testimonio cómo miembros de la policía en todas las escalas y agentes de la ATIC de diversos mandos presuntamente se confabulaban con la red delictiva, en lo que se considera el caso de trata de personas más grande en la historia de Honduras.
Ante la gravedad del escenario, los familiares criticaron el “silencio sospechoso pero bien organizado” adoptado por las autoridades de seguridad y la Fiscalía, señalando que las entrevistas recientes reflejan una postura orientada a defender a los victimarios e intereses de grupos poderosos.
Reclamaron que los juzgamientos a integrantes de bandas criminales no significan que el Estado deba cesar los operativos de rescate ni desligarse de su responsabilidad constitucional de buscar e investigar el paradero de las víctimas.
La familia hizo un llamado directo al fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, recordándole que es la tercera administración del Ministerio Público a la que deben acudir en busca de auxilio.
Enfatizaron que la exigencia de justicia trasciende cualquier preferencia política o agenda ideológica, tratándose estrictamente de una lucha contra redes de corrupción e impunidad que explotan y silencian a mujeres y niñas en el país.
Para terminar han exhortado al presidente de la República, Nasry Asfura, recordándole sus propias declaraciones tras el asesinato del testigo protegido, cuando afirmó que “alguien está nervioso”.
Los allegados de Angie Peña le exigieron usar todo el poder del Ejecutivo para sacudir la isla de Roatán, instruir una búsqueda exhaustiva conforme a los avances investigativos y romper los nexos con los sectores corruptos y pederastas que encubren la red de trata de personas.
