El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, realizó este martes una apelación de urgencia ante el Tribunal Supremo para que permita el uso de un controvertido sistema que revisa de manera exhaustiva los padrones electorales estatales para cribar a individuos a los que el programa identifique como ciudadanos no estadounidenses.
La Administración Trump modificó el programa, conocido como SAVE (siglas en inglés de «Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios»), que originalmente se diseñó solo para ser utilizado con individuos que estuvieran optando a acceder a determinadas ayudas públicas.
El actual Gobierno estadounidense amplió las fuentes de datos que alimentan SAVE, incluyendo información relacionada con la Seguridad Social, y permitió a autoridades electorales estatales enviar grandes lotes de registros de inscripción de votantes, en lugar de limitar el uso a verificaciones caso por caso, como parte de su campaña para probar que existe fraude electoral masivo en el país.
Investigaciones posteriores revelaron que muchas de las personas que el sistema comenzó a catalogar como no estadounidenses eran, de hecho, estadounidenses.
Nueva apelación
En junio, una jueza federal del Distrito de Columbia dictaminó que el uso del renovado SAVE era ilegal al considerar que, por un lado, infringió leyes de privacidad al emplear determinados datos sin contar con autorización adecuada y también normativas sobre el uso de datos de la Seguridad Social, y, por otro, que creó un sistema que acarreaba un riesgo considerable a la hora de señalar a ciudadanos como no ciudadanos, poniendo así en peligro su derecho al voto.
La Fiscalía General estadounidense argumentó en el escrito presentado hoy ante el Supremo que el fallo de la jueza es «indefendible» y que «amenaza la integridad de las próximas elecciones».
