Una presunta red dedicada al lavado de activos, vinculada al cobro de extorsiones, quedó parcialmente desarticulada tras una investigación que permitió detectar movimientos financieros superiores a los 51 millones de lempiras sin justificación lícita.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró que cinco de los señalados fueran enviados a prisión preventiva, mientras que otro procesado recibió medidas distintas luego de que se modificara la calificación del delito.
Las investigaciones apuntan a que parte de las actividades de extorsión eran dirigidas desde el centro penitenciario de Támara, utilizando cuentas bancarias de terceros para movilizar los fondos obtenidos ilícitamente.
Envían a prisión a integrantes de red de lavado de activos que no justifican más de 51 millones de lempiras derivados de la extorsión
7 de septiembre de 2026
Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró en audiencia inicial el auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la causa penal que se les sigue a varias personas a quienes se les considera parte de una estructura criminal de lavado de activos de más de 51 millones de lempiras que fue desarticulada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) mediante nueve allanamientos de morada en el marco de la Operación “Hestia” el pasado lunes 31 de agosto.
Los procesados son José Raúl Moncada García, Génesis Nicol Maradiaga Montoya, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa Matute, supuestos responsables del delito de lavado de activos. En el caso del hijo de José Raúl, Michael Antonio Moncada Castellanos, se le dictaron medidas distintas a la prisión luego que el juez lo modificará el delito a lavado de activos imprudente, decisión que se apelará.
La dirección técnica y jurídica de los operativos estuvo a cargo de la FESCCO a través de la Unidad Fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y se desarrolló en las ciudades de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Danlí, El Paraíso y Olanchito, Yoro.
Conforme a las diligencias de agentes contra el crimen organizado de la ATIC, el caso dio inicio tras información que un privado de libertad dirigía desde la penitenciaría de Támara, actividades ilícitas relacionadas al cobro de extorsión en perjuicio de distintos comercios y para ello utiliza la cuenta bancaria de otra de las implicadas, a quien se le logró identificar un monto de más de ocho millones de lempiras sin procedencia lícita.
A raíz de ese hallazgo se amplió la investigación a otras personas que tenían vínculos financieros con el principal sospechoso consiguiendo detectar movimientos atípicos, que tras los análisis de peritos financieros encontraron un monto superior a los 51 millones de lempiras de los cuales se desconoce su justificación.
El nuevo Ministerio Público ratifica su compromiso de continuar con estas operaciones cuyo objetivo es el debilitamiento de las organizaciones delictivas que se dedican al flagelo de la extorsión aglutinados en estructuras criminales o de forma independiente.
