La Procuraduría General de la República (PGR) reaccionó al sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso denominado Pandora II, y aseguró que interpondrá las acciones legales correspondientes para buscar que la resolución sea revocada.
Según el comunicado de la PGR, el caso investiga la presunta sustracción de L. 288 millones del erario público durante el período 2010-2014, mediante convenios suscritos entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y las fundaciones DIBATTISTA y Todos Somos Honduras, cuyos fondos estaban destinados a proyectos sociales.
La institución sostiene que una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas detectó indicios de responsabilidad penal y que las pericias financieras realizadas por el Ministerio Público determinaron que al menos L. 62 millones habrían sido utilizados para financiar actividades relacionadas con la campaña política de Juan Orlando Hernández.
La PGR también cuestionó que, el pasado 12 de agosto, fuera puesto en libertad Luis Fernando Suárez, señalado por la institución como testigo principal del caso. De acuerdo con el comunicado, Suárez habría manejado las fundaciones que recibieron los fondos y previamente se declaró culpable, proporcionando información sobre las operaciones investigadas.
La Procuraduría además criticó la decisión del juez de la causa de excluir 22 de los 38 medios de prueba documentales presentados por la acusación, equivalente a cerca del 58% de la carga probatoria propuesta, así como la totalidad de la prueba evidencial.
A criterio de la PGR, esta exclusión terminó provocando una insuficiencia probatoria que posteriormente fue utilizada como fundamento para dictar el sobreseimiento. La institución cuestionó particularmente que se considerara insuficiente documentación relacionada con los fondos porque los recibos y facturas no estaban directamente a nombre del imputado.
