El nombre de Jeremy TJ Ávila Dilbert vuelve a figurar en los registros judiciales y policiales de Honduras tras ser señalado por las autoridades como presunto responsable en el asesinato del abogado Dereck Isaac McNeil, hecho ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía.
El arresto del imputado ha vuelto a poner bajo el reflector su historial criminal previo, revelando que el encausado ya contaba con antecedentes de captura y procesos en los tribunales por delitos de suma gravedad.
El caso cobra especial relevancia debido a la condición de la víctima, quien figuraba como testigo protegido dentro de la sonada investigación sobre la desaparición de Angie Peña. La aprehensión del sospechoso, originario del municipio de Santos Guardiola, se ejecutó recientemente por las fuerzas de seguridad, dando paso de inmediato a la revisión de su expediente anterior para establecer posibles patrones de conducta delictiva.
Los antecedentes policiales del imputado se remontan al año 2018, cuando fue apresado junto a otros presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como la banda de “Alfred”.
En aquel operativo ejecutado en abril en Roatán, cuando Ávila Dilbert contaba con 22 años de edad, sobre él pesaba una orden de captura pendiente vinculada a hechos violentos registrados dos meses antes, específicamente el 14 de febrero de ese mismo año.
Durante la intervención de las autoridades en 2018, los agentes no solo concretaron la detención del sospechoso, sino que también decomisaron un vehículo tipo taxi, un arma de fuego con munición y varios envoltorios que contenían supuesta marihuana y cocaína.
En ese contexto, las fuerzas del orden procedieron a relacionar formalmente al grupo de arrestados con ilícitos vinculados al tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita.
Asimismo, la trayectoria judicial del detenido trascendió las capturas policiales y llegó a dirimirse en las salas de tribunales en La Ceiba. Documentación de la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial refleja un expediente tramitado contra Ávila Dilbert y otros acompañantes por los supuestos delitos de violación especial y robo agravado, cometidos en perjuicio de dos personas identificadas únicamente bajo la figura de testigos protegidos.
Dentro de aquel proceso pretérito se interpusieron recursos de amparo penal que derivaron en resoluciones para garantizar la protección de las víctimas y evitar su revictimización durante la evacuación de las diligencias.
No obstante, las autoridades judiciales y policiales han aclarado que los antecedentes registrados en 2018 no constituyen por sí mismos una prueba automatizada de culpabilidad en relación con el atentado contra McNeil, por lo que deben ser valorados bajo el debido proceso.
En el marco de la investigación actual, las fuerzas de seguridad y el ente fiscal aseguran contar con elementos probatorios suficientes para sustentar el requerimiento acusatorio presentado contra Ávila Dilbert por el crimen del abogado.
Los equipos de investigación continúan trabajando exhaustivamente para afianzar las pruebas técnicas presentadas ante los juzgados e identificar si existen otros implicados en el hecho, tanto en calidad de autores materiales como intelectuales.
