Más de 170,000 inmigrantes salvadoreños han comenzado una carrera contrarreloj para evitar su deportación, a menos de un mes de que se venza el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, un beneficio que ha estado en la mira del Gobierno del presidente, Donald Trump, desde su primer mandato.
El TPS para los salvadoreños vence el próximo 9 de septiembre y su terminación dejaría a los beneficiados sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación.
«La gente (las personas amparadas por el TPS) está atemorizada», dice a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), que ha impulsado las renovaciones del amparo otorgado en febrero de 2001 a El Salvador, tras los dos terremotos que azotaron al país ese año.
Cuenta que en los últimos días el teléfono de la organización no ha parado de sonar con preguntas de salvadoreños que «están en pánico» por la posible cancelación.
La cruzada de Trump
La respuesta para estos inmigrantes no es muy esperanzadora. El abogado de inmigración Fernando Romo cree que «no es probable» que se extienda el amparo, según advierte a EFE.
Su negativa se basa en las órdenes impartidas contra este programa por el presidente Trump, tanto en su primera (2017-2021) como en la actual Administración.
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó la cancelación del TPS para El Salvador, dando a los amparados (unos 180.000 para ese año) 18 meses para buscar otro camino para la residencia o salir del país.
