La protesta garífuna continúa frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) mantiene instalado el campamento «Por la Vida del Pueblo Garífuna», de carácter indefinido.
La organización exige el cierre del proceso penal contra cinco defensores de San Juan, Tela, y reclama al Estado respeto a los territorios ancestrales y cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
OFRANEH INSTALA CAMPAMENTO ‘POR LA VIDA DEL PUEBLO GARÍFUNA’ DE FORMA INDEFINIDA FRENTE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS
Tegucigalpa, Honduras | 10 de agosto de 2026. Ante el silencio y la falta de respuesta del Estado, el Pueblo Garífuna se moviliza a Tegucigalpa para exigir justicia, el respeto de su territorio ancestral y el cese de la criminalización de sus defensores.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) informa al pueblo hondureño, a las comunidades Garífunas, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y a la comunidad en general que hemos instalado un Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna en Tegucigalpa, en el lugar que ocupa el Campamento “Viva Berta”, frente a la Corte Suprema de Justicia, como una acción de resistencia y exigencia ante la falta de respuesta del Estado frente a las múltiples acciones jurídicas presentadas para proteger a cinco integrantes de la comunidad Garífuna de San Juan, Tela.
El 6 de julio de 2026, se ejecutó un violento desalojo en la comunidad Garífuna de San Juan, resultando detenidos cuatro compañeros y una compañera. Ese mismo día fueron presentados ante un juez en una audiencia de imputados, quien les impuso medidas sustitutivas y fijó audiencia inicial para el 15 de julio. Sin embargo, un día antes de la audiencia, la jueza Norma L. Fuentes se declaró incompetente y remitió el proceso al Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada de San Pedro Sula, argumentando que los cinco miembros de la comunidad Garífuna formaban parte de una estructura de criminalidad organizada.
Esta decisión constituye una grave forma de criminalización y pone en riesgo la integridad de los acusados y de las defensoras y defensores Garífunas. Nuestros compañeros y compañera están acusados de usurpación de un predio ubicado en el centro de la comunidad de San Juan, pese a encontrarse dentro de su territorio ancestral reconocido por la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el propio Estado de Honduras. El terreno es reclamado por Promociones y Turismo (PROMOTUR), vinculada a la familia Rosenthal Hidalgo, aunque los antecedentes registrales y de posesión ancestral acreditan que este predio formaba parte del territorio de la comunidad y que, desde 1967, era utilizado como trabajadero en dominio útil por la familia Garífuna de don Timoteo Lino. La comunidad ha denunciado esta situación desde 2006, y sus reclamos sobre la actuación de terceros fueron recogidos por la Corte IDH en el párrafo 62 y 64 de la sentencia del caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras.
Ante esta situación, OFRANEH ha acudido a las instituciones nacionales e internacionales. Se presentó una Declinatoria por razón de Competencia el 14 de julio; el 15 de julio, se presentó Excepción por Falta de Acción, también una queja formal y solicitud de alerta temprana y medidas urgentes de protección y Control de Convencionalidad ante el CONADEH, así como medidas de acción urgente ante la Corte IDH y la solicitud de inaplicabilidad de la Ley Agroindustrial. El 27 de julio se presentaron una Solicitud de Pronta Resolución y Recurso de Reposición ante la falta de Respuesta por parte del Juez con Competencia Nacional, y el 31 de julio una Acción Constitucional de Hábeas Corpus. Asimismo, se han presentado denuncias penales y administrativas contra el juez cuarto del juzgado de letras penal con competencia nacional de San Pedro Sula por el delito de prevaricato judicial, además de un Recurso de Amparo interpuesto el día de hoy (10/08/2026) ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional por estarse violentando la Garantía Constitucional de Juez Natural. A pesar de estas acciones, el Estado continúa sin responder violentando garantías Constitucionales y Convencionales.
Por estas razones, desde el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, exigimos a la Corte Suprema de Justicia y al Estado de Honduras:
- El cierre definitivo e inmediato del proceso penal contra los cinco integrantes de la comunidad Garífuna de San Juan y el cese de su sometimiento a una jurisdicción de criminalidad organizada.
- El respeto y cumplimiento efectivo de la Sentencia de la Corte IDH a favor de la comunidad Garífuna de San Juan y de las demás sentencias que protegen los territorios ancestrales Garífunas.
- El cese inmediato de la criminalización, persecución y violencia contra las defensoras y defensores del territorio Garífuna.
- La pronta resolución de los recursos de amparo Corte de Apelaciones con Competencia Nacional y demás acciones legales presentadas ante la Sala de lo Constitucional contra la ampliación y aplicación de la nefasta, inconstitucional e inconvencional ‘Ley de los Agroindustriales’.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, organizaciones indígenas, negras, campesinas, movimientos sociales y organizaciones solidarias a sumarse y acompañar este Campamento Garífuna.
Organización Fraternal Negra Hondureña – OFRANEH
