La conflictividad social en Honduras continúa en aumento durante 2026. Un monitoreo realizado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabiliza 437 eventos de protesta y demandas ciudadanas en lo que va del año, reflejando el creciente descontento de distintos sectores de la población.
La directora del IUDPAS, Marjorie Echenique, explicó que el estudio tiene como objetivo generar evidencia sobre las diferentes expresiones de la conflictividad social en el país, identificando quiénes protagonizan las movilizaciones, cuáles son sus principales demandas y cuál ha sido la respuesta de las instituciones públicas.
El monitoreo, elaborado a partir del seguimiento de medios de comunicación desde enero, documenta protestas, tomas de carreteras, bloqueos, manifestaciones y otras acciones colectivas impulsadas por diversos sectores sociales para exigir soluciones a problemas que consideran desatendidos.
Uno de los principales hallazgos del informe es que una tercera parte de las acciones colectivas está relacionada con el sector educativo, convirtiéndose los centros escolares en uno de los principales escenarios de protesta.
Según Echenique, en estas movilizaciones participan estudiantes, docentes y padres de familia, quienes demandan mejoras en infraestructura, recursos, condiciones educativas y el cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades.
El informe también pone de manifiesto lo que el IUDPAS considera uno de los principales desafíos para el país: la escasa respuesta institucional a las demandas ciudadanas.
De acuerdo con los datos recopilados, el 88.6 % de las acciones colectivas registradas durante 2026 no han recibido una respuesta concreta mediante procesos de diálogo, negociación o atención directa por parte de las autoridades competentes.
“Nos parece alarmante porque evidencia un desafío para la institucionalidad pública”, expresó Echenique al presentar los resultados del monitoreo.
La investigadora señaló que las demandas están dirigidas a distintas dependencias del Estado, gobiernos municipales y otras instituciones públicas responsables de atender las necesidades de la población.
