En las afueras de la Corte Suprema de Justicia se manifiesta la Alianza campesina Indígena y Popular de Honduras ante el Decreto 84-2026 porque busca “criminalizar” la lucha de las organizaciones y llama terroristas a personas que se reúnan en un sitio determinado.
Asimismo, las organizaciones alzan la voz para defender sus derechos y exigen que cese la criminalidad y se investiguen los asesinatos y masacres en el Bajo Aguán, lugar donde la semana pasada se registró una masacre que acabó con la vida de 20 personas.
