Honduras atraviesa una profunda crisis histórica de conflictividad agraria, regularización y tenencia de la tierra, cuya
raíz no puede seguir siendo abordada desde enfoques parciales, represivos o alejados de la realidad estructural que
vive el país.
Lamentamos profundamente la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón y condenamos todo
hecho violento que haya cobrado la vida de hondureños. Exigimos que este crimen no quede en la impunidad y que
las autoridades investiguen de manera objetiva y transparente los verdaderos móviles de estos hechos. Asimismo,
resulta indispensable investigar las denuncias públicas realizadas por pobladores y grupos campesinos sobre presuntos
abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional, señalados de ejecutar actos de intimidación, destrucción de
bienes y otras acciones que habrían vulnerado derechos humanos fundamentales, antes de dar por cierto la hipótesis
de que fue un enfrentamiento entre grupos campesinos, descartando que este ataque haya sido promovido y ejecutado
por terratenientes.
