La Fiscalía General de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación penal con relación a la protesta protagonizada el domingo por los presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, para denunciar malos tratos de funcionarios.
A través de un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público (MP) indicó que «desde el momento que se tuvo conocimiento» de la protesta, la fiscal superior de Barinas, junto a otros dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto.
«Se ha comisionado a la Fiscalía 49° Nacional con competencia plena en materia de derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y determinar sus causas», añadió.
La Fiscalía ratificó que continuará velando por el respeto y la garantía de los derechos humanos en los centros penitenciarios y demás establecimientos de reclusión en Venezuela.
Este lunes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 112 mujeres del Injuba fueron trasladadas a un lugar sin especificar, luego de una protesta del domingo.
A través de una publicación en X, la organización indicó que a la 01.00 hora local de este lunes (05.00 GMT) la directora del anexo femenino de la cárcel salió a hablar con los familiares de los presos que se encontraban fuera del recinto para informar del «desalojo total de las 112 mujeres» que estaban en el lugar, «aunque no especificó hacia dónde».
Asimismo, la funcionaria comunicó que se haría un «traslado voluntario» de los hombres y que al penal «llegarían jueces y fiscales para la instalación de una mesa técnica, en la cual realizarían revisión de casos».
Denuncian abusos de algunos funcionarios
El domingo, el OVP denunció que los presos comunes del Injuba tomaron las instalaciones de la cárcel en protesta por malos tratos de funcionarios, y reportó «algunos heridos» por supuestos disparos contra los detenidos.
La ONG llevaba días denunciando que se había impedido la visita de familiares a esta cárcel.
