La violencia contra los defensores del ambiente en Honduras se ha convertido en una crisis sostenida que combina asesinatos, amenazas, criminalización y elevados niveles de impunidad, en un contexto donde la protección estatal sigue siendo insuficiente ante los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio y los recursos naturales.
En la última década, organizaciones de derechos humanos y el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) han advertido que Honduras figura entre los países más peligrosos para el activismo ambiental.
La conflictividad se concentra principalmente en zonas como el Bajo Aguán, Yoro, Colón, Comayagua y Atlántida, donde convergen disputas por la tierra, proyectos agroindustriales, minería y tensiones comunitarias.
Entre los casos más emblemáticos figuran el ambientalista y defensor del agua Juan López, asesinado en 2024. Este hecho generó una fuerte condena nacional e internacional y reactivó las alertas sobre la vulnerabilidad de los líderes ambientales en el país.
Su muerte ocurrió a pesar de que, según el CONADEH, existían alertas tempranas que advertían sobre el riesgo que enfrentaba.
Así mismo, se suma el asesinato de la líder ambiental y defensora indígena Berta Cáceres en 2016, considerado el crimen contra ambientalistas más mediático en la historia reciente de Honduras, y que expuso la participación de estructuras organizadas, así como la fragilidad de los mecanismos de protección estatal.
Su caso continúa siendo un referente internacional sobre la violencia contra defensores del ambiente en Centroamérica.
Asesinatos en la impunidad
Se han registrado también otros asesinatos de alto impacto, como el del ambientalista Aly Domínguez, en el contexto de conflictos socioambientales en el norte del país, así como múltiples casos de líderes comunitarios en el Bajo Aguán, donde las disputas por la tierra han dejado una larga lista de víctimas vinculadas a la defensa de derechos ambientales y territoriales.
