El Congreso Nacional aprobó este lunes, por unanimidad de las cinco fuerzas políticas, un dictamen que reforma varios artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto con el objetivo de fortalecer la administración, control y transparencia de los recursos públicos.
Fortalecimiento de la Cuenta Única del Tesoro
Uno de los principales ejes de la reforma es la consolidación del principio de Cuenta Única del Tesoro (CUT), mediante el cual se centraliza el manejo de los fondos del Estado bajo la administración de la Secretaría de Finanzas (Sefin), a través de la Tesorería General de la República (TGR).
La reforma establece que la mayoría de los recursos financieros del sector público deberán concentrarse en este sistema, con el fin de mejorar el control, la disponibilidad de fondos y la eficiencia en la ejecución del gasto.
Mayor control y supervisión financiera
La enmienda también fortalece las facultades de la TGR, otorgándole mayor capacidad para supervisar, centralizar ingresos, administrar pagos y solicitar información financiera sobre cuentas que manejen recursos públicos, tanto en el sistema financiero nacional como internacional.
Además, se incorporan mecanismos para mejorar la programación de caja, permitiendo una planificación más ordenada de los ingresos y egresos del Estado, así como la posibilidad de gestionar excedentes temporales de liquidez e incluso realizar inversiones financieras bajo criterios técnicos.
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Responsabilidad y ejecución del gasto
La nueva medida regula la emisión de órdenes de pago y establece responsabilidades para funcionarios encargados de la gestión financiera, así como disposiciones para el uso de fondos rotatorios en casos excepcionales.
En materia de transparencia, se introducen medidas para obligar a instituciones públicas y privadas que manejen recursos del Estado a reportar información financiera y reintegrar fondos no utilizados al sistema de la Cuenta Única del Tesoro.
Cumplimiento de obligaciones y transición
Asimismo, se establecen lineamientos para el cumplimiento de sentencias judiciales contra el Estado, definiendo cómo se aplicarán los embargos sin afectar la operatividad de las instituciones ni el servicio de la deuda pública.
El decreto incluye disposiciones transitorias que ordenan la incorporación progresiva de recursos financieros y contratos en ejecución al p del gasto público en el país.
