Exfuncionarios de la administración de la presidenta Xiomara Castro han salido al paso de los cuestionamientos sobre el manejo de 22 millones de lempiras destinados al programa “Mártires de la Resistencia”.
Parte del que fue gabinete de gobierno en la administración anterior, han asegurado que cada centavo fue ejecutado bajo estrictos estándares de transparencia y que los fondos cumplieron con el propósito de honrar y apoyar a quienes fueron víctimas tras el golpe de Estado de 2009.
Mirtha Gutiérrez, exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), enfatizó que el presupuesto no solo se enfocó en actos conmemorativos, sino en beneficios directos para las familias de los mártires.
Según Gutiérrez, el programa buscó reparar daños históricos a través de programas de inclusión social y apoyo económico, rechazando cualquier señalamiento de malversación o uso indebido de los recursos estatales.
Por su parte, Leonel Núñez, miembro de la comisión liquidadora, explicó que los procesos administrativos para la asignación de estos L 22 millones están debidamente documentados.
Además agregó que la rendición de cuentas es una prioridad para este grupo de exfuncionarios, quienes se mostraron dispuestos a colaborar con cualquier auditoría que la Procuraduría General de la República (PGR) o entes contralores consideren necesaria.
La defensora de derechos humanos, Sandra Ponce, subrayó la importancia de que estos fondos se utilicen para la verdadera reparación de las víctimas. Ponce recordó que la lucha de la “resistencia” es un pilar fundamental de la actual administración y que cualquier sombra de duda sobre estos recursos debe ser aclarada para no manchar la memoria de quienes sacrificaron su vida por la democracia.
Los exfuncionarios reiteraron que el programa “Mártires de la Resistencia” es un “acto de justicia social” y no un mecanismo de despilfarro.
Con la frente en alto, instaron a la población a no dejarse llevar por “especulaciones” y a revisar los informes públicos donde detallan cómo el apoyo económico llegó a manos de los beneficiarios legítimos en todo el territorio nacional.
