El Tribunal Supremo de EE.UU. sopesa este miércoles si el Gobierno de Donald Trump tiene el poder de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a cerca de 360.000 haitianos y sirios, en un caso que sentará un precedente para todos los favorecidos por ese beneficio migratorio.
Esta es la primera vez que la máxima corte estadounidense escucha una demanda relacionada con el programa TPS, que protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural.
En concreto, los nueve jueces escucharán la querella contra la decisión de la Administración de Trump de echar abajo el TPS que protege a unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios, tras afirmar que el amparo es «contrario al interés nacional» y los inmigrantes podían retornar de manera segura a sus países, según la orden dada el año pasado por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Beneficiarios de ambas nacionalidades acudieron a los tribunales y lograron que jueces federales del Distrito de Columbia y Nueva York se pusieran del lado de los demandantes, aduciendo que Noem violó la ley federal que rige a las agencias administrativas.
Una batalla que afecta a todos los ‘tepesianos’
El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha para defender el amparo, promulgado por el Congreso en 1990, que le otorgó al Ejecutivo estadounidense la posibilidad de designar la protección.
“La audiencia de mañana es súper importante porque, aunque en el papel el nombre del caso dice Siria y Haití, la decisión va a impactar a toda la comunidad con TPS», dijo a EFE José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS.
Actualmente, EE.UU. tiene alrededor de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países cobijados por el TPS, conocidos popularmente como ‘tepesianos’, y el Gobierno de Trump ha echado abajo a un gran número de los amparos, entre ellos los de los venezolanos, que también mantienen una batalla legal en curso.
Para Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la Facultad de Derecho de Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y que defenderá el caso ante el Supremo, la Administración Trump “ha destrozado” la ley que otorga el TPS.
Ese Gobierno ha “demonizado” a los beneficiarios y atacado “implacablemente” al propio programa, que ha sido usado por gobiernos republicanos y demócratas, dijo Arulanantham en un comunicado.
Por su parte, Megan Hauptman, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), advirtió que EE.UU. está en medio de una campaña masiva para despojar de su estatus legal a quienes lo poseen y deportarlos a situaciones de peligro.
El llamado al Supremo
Más de 600 inmigrantes amparados por el TPS viajaron desde diferentes rincones del país para asistir a la audiencia, y unos podrán ingresar a máxima corte mientras otros harán presencia afuera, donde se espera que se manifiesten.
“Este día es muy importante para mostrar unidad, porque no son solo los inmigrantes de Siria o Haití los afectados, seremos todos los deportados”, dice a EFE el salvadoreño José Urias, beneficiario del TPS, que viajó desde Massachusetts.
Urias se ha movilizado para defender el amparo desde el 2017, cuando Trump quiso echar abajo el TPS de seis países, entre ellos El Salvador. «Ya ganamos una vez, lo podemos volver a hacer», dice el inmigrante, que ha residido por más de 30 años en el país.
En este sentido, Hauptman advierte que poner fin al TPS sería “el mayor esfuerzo de ‘desdocumentación’ en la historia de Estados Unidos” y que, si el Supremo da luz verde al Gobierno Trump, este no se detendrá en sus esfuerzos y buscará eliminar otros programas migratorios.
Para Arulanantham, la pregunta para la Corte Suprema, de mayoría conservadora, es sencilla: ¿defenderá el Estado de derecho o permitirá que la Administración Trump lo destruya?”.
