El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con relación a recientes decisiones en el ámbito gubernamental, considera necesario fijar una posición sobre los estándares de integridad que deben regir el ejercicio de la función pública en Honduras.
En los últimos meses, la ciudadanía ha sido testigo de situaciones que obligan a reflexionar seriamente sobre el cumplimiento de principios éticos en el acceso y permanencia en cargos públicos. Como ejemplo de ello, se encuentra el nombramiento del abogado Marco Tulio Abadie como director ejecutivo de la Administración Aduanera, en un contexto que plantea interrogantes relevantes sobre la coexistencia entre intereses personales e institucionales.
Todo acuerdo de nombramiento en la administración pública conlleva la obligación expresa de conocer y cumplir el Código de Conducta Ética del Servidor Público. Este establece, de forma clara, el deber de evitar cualquier situación que genere conflictos contrapuestos o circunstancias en las que intereses particulares pueden comprometer la objetividad e independencia en el ejercicio del cargo.
En ese sentido, el hecho de que un alto funcionario mantenga una demanda activa contra la misma institución que dirige configura una situación incompatible con los principios de imparcialidad, independencia de criterio y rectitud en la gestión pública. Esta problemática adquiere mayor relevancia a la luz de la reciente directriz anunciada por la Procuraduría General de la República, mediante la cual recomienda no proceder con la contratación en la administración pública de personas que mantengan litigios pendientes contra el Estado, criterio que debería aplicarse sin distinción de jerarquías o niveles dentro de la función estatal.
En ese sentido, el CNA exhorta a todos los funcionarios que se encuentren en situaciones similares a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para eliminar cualquier conflicto de interés, ya sea mediante el desistimiento de las acciones legales o la separación del cargo.
De igual forma, se hace un llamado al titular del Poder Ejecutivo a garantizar que los nombramientos en la administración pública respondan a criterios de integridad, resguardando la institucionalidad y el interés general por encima de cualquier consideración particular. Honduras requiere avanzar hacia un modelo de gestión gubernamental en el que la legalidad y la ética operen de manera integrada. El ejercicio de la función pública no puede coexistir con intereses litigiosos contra el mismo Estado al que se sirve.
