El nuevo marco legal aprobado en Israel incorpora varias disposiciones que limitan las garantías procesales de los acusados, entre las que se encuentra la eliminación del derecho de apelación, la posibilidad de ejecuciones secretas por ahorcamiento y la facultad de condenar a muerte por mayoría simple de un tribunal militar, prescindiendo así de la necesidad de unanimidad que existía anteriormente. Según informó el diario The Times of Israel, la Knesset, el parlamento israelí, sacó adelante este lunes una reforma legal tras casi doce horas de debate, con 64 votos a favor y 48 en contra, que establece la pena de muerte exclusivamente para palestinos condenados por delitos de terrorismo, mientras que excluye a ciudadanos israelíes, incluidas todas las personas de extracción sionista, incluso si cometen hechos similares.
El medio The Times of Israel detalló que esta nueva ley se aplicará únicamente en tribunales militares de Cisjordania, en los que solamente son juzgados acusados palestinos, pues los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, continúan siendo procesados en tribunales civiles. Si bien el texto legislativo declara formalmente su carácter aplicable a toda la ciudadanía, uno de sus artículos restringe su alcance a quienes provoquen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel, en la práctica una definición que excluye a toda persona de creencias sionistas.
De acuerdo con lo publicado en The Times of Israel, la reforma legal ha suscitado inmediatas críticas de organizaciones de derechos humanos. El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, advirtió mediante su directora legal Suhad Bishara que la ley institucionaliza el “asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza”, y condenó que la iniciativa “está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial”. Adalah también recordó que la aplicación de leyes israelíes sobre la población palestina residente en Cisjordania constituye una “flagrante violación del derecho internacional”, al señalar que la Knesset carece de autoridad para legislar sobre poblaciones ocupadas. La organización legal anunció su intención de presentar un recurso de máxima urgencia ante el Tribunal Supremo de Israel para impugnar la legitimidad de la norma.
Según consignó el diario The Times of Israel, la ley endurece de modo considerable el régimen penitenciario de los condenados a muerte, estableciendo un régimen de aislamiento casi total. El instrumento legislativo no tendrá carácter retroactivo con respecto a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque paralelamente la Knesset tramita una segunda iniciativa que sí contempla la pena de muerte a posteriori para este grupo de acusados.
El principal promotor de la medida ha sido el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Poder Judío, quien aseguró tras la votación: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, según recogió The Times of Israel. La proposición recibió también el respaldo del partido gobernante Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como del partido opositor Yisrael Beitenu y de las formaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
Grupos de derechos humanos han alertado sobre la severidad y el carácter discriminatorio de la medida, al considerar que la nueva legislación incumple normas internacionales e incluso podría constituir un crimen de guerra. Adalah enfatizó que la ley se enmarca en una escalada que ha intensificado las denuncias de tortura sistemática perpetrada contra los palestinos bajo detención israelí, cuyas prácticas han recibido una amplia documentación, según el colectivo. El grupo subrayó la gravedad del nuevo instrumento al definirlo como “una de las más violentas y discriminatorias” aprobadas en el país.
