Una operación de alto impacto se ejecuta en el país con el objetivo de debilitar las finanzas de una estructura criminal señalada de realizar cobros extorsivos millonarios.
La acción incluye nueve allanamientos simultáneos, dos en la zona norte y siete en el departamento de Francisco Morazán, donde se inspeccionan bienes inmuebles presuntamente vinculados a la red delictiva.
Las investigaciones apuntan a que las víctimas serían emprendedores, comerciantes y trabajadores del sector transporte, quienes habrían sido sometidos durante meses a presiones económicas constantes.
De acuerdo con las indagaciones, los integrantes de la estructura utilizaban billeteras electrónicas y cuentas bancarias para movilizar grandes sumas de dinero producto de las extorsiones, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos y evadir controles financieros. Estas maniobras permitieron, según las autoridades, sostener un esquema organizado que operaba de forma sistemática.
Aunque el supuesto cabecilla ya guarda prisión, la operación contempla órdenes de captura contra otros miembros activos y la recolección de nuevos indicios para fortalecer el expediente investigativo.
