El Congreso Nacional aprobó una iniciativa que limita las facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, en lo relacionado con nombramientos, traslados y cancelaciones dentro del Poder Judicial.
La reforma establece que estas atribuciones ya no recaerán exclusivamente en la titular del órgano judicial.
Según el decreto aprobado, mientras se eligen los integrantes del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, será el pleno de magistrados de la Corte Suprema el que, de forma colegiada, asuma la responsabilidad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.
En cuanto a los procesos disciplinarios y despidos, el pleno deberá definir un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan estos procedimientos.
El documento también señala que la presidencia de la Corte mantendrá las facultades administrativas, siempre que el Plan Operativo Anual sea aprobado previamente por el pleno y se presenten informes trimestrales de gestión.
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