Autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras (BCH) se reunieron para abordar la creciente problemática de los embargos que afectan a diversas municipalidades y entidades del Estado, los cuales han puesto en riesgo la operatividad de gobiernos locales y servicios públicos esenciales.
En los últimos días, varias alcaldías han sido objeto de embargos millonarios por demandas laborales, como los casos de la Municipalidad de El Corpus, Choluteca, con un embargo que supera los 63 millones de lempiras, y la Alcaldía de Guata, Olancho, que enfrenta más de 31 millones por reclamos de ex empleados.
Esta situación ha generado preocupación entre dirigentes municipales y autoridades estatales debido al impacto que estos bloqueos tienen sobre los recursos que deberían servir para la prestación de servicios a la población.
