En un país marcado por desigualdades profundas y violencias persistentes, el resultado de una política pública se mide en una sola pregunta ¿el gobierno de la primera mujer presidenta estuvo o no estuvo cuando las mujeres lo necesitaron?
Entre 2022 y 2025, Ciudad Mujer, bajo la conducción de su delegada presidencial Tatiana Lara, consolidó un modelo de atención pública integral que demostró capacidad real de ejecución, articulación interinstitucional y presencia territorial efectiva. En ese período, la institución brindó más de 4 millones de atenciones integrales dirigidas a mujeres, adolescentes y niñas en sus seis centros y a través de Ciudad Mujer Móvil, duplicando el alcance de la gestión anterior.
Este despliegue fue posible gracias a un modelo interinstitucional sostenido por más de 500 funcionarias de 13 instituciones del Estado, que garantizó atención digna, oportuna y libre de revictimización, con un promedio de tres servicios por visita. Solo en el módulo de salud sexual y reproductiva se brindaron más de 3 millones de servicios. Como parte de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer cérvico uterino, se realizaron 36,593 citologías gratuitas, duplicando la cobertura previa, y más de 43,000 mamografías, lo que convirtió a Ciudad Mujer en el principal proveedor público de este servicio en el país, concentrando aproximadamente el 75 % de todas las mamografías realizadas a nivel nacional, incluso por encima de la producción conjunta de los hospitales públicos.
A estos resultados se suman avances concretos en autonomía económica, protección de derechos, atención a adolescentes, niñez y educación, destacando la creación del Centro Educativo Gubernamental Integral Ciudad Mujer, que permitió a miles de mujeres reingresar al sistema educativo, alfabetizarse y culminar estudios de nivel medio, ampliando sus oportunidades y fortaleciendo sus proyectos de vida. En comunidades donde el Estado históricamente estuvo ausente, Ciudad Mujer llegó con servicios, personal, infraestructura y seguimiento, construyendo confianza institucional y respaldo comunitario.
Este desempeño contrasta de manera clara con la actuación de la Secretaría de la Mujer, dirigida por la ministra Doris García. Durante el mismo período, la acción institucional de la Secretaría se concentró principalmente en juramentaciones de comités de género, sin que estas estructuras se tradujeran en servicios efectivos, acompañamiento territorial sostenido o respuestas concretas para las mujeres que enfrentan violencia, pobreza y exclusión.
El reclamo desde organizaciones de mujeres, liderazgos comunitarios y territorios es consistente, los comités juramentados no llegaron a las mujeres. No ofrecieron atención psicológica ni legal, no resolvieron urgencias, no generaron protección ni autonomía económica. En la práctica, quedaron como actos protocolarios sin impacto real en la vida cotidiana de quienes más necesitaban la presencia del Estado.
A esta ausencia de resultados se suma un elemento estructural, la baja ejecución presupuestaria. Informes oficiales de finanzas públicas muestran que, en períodos recientes, la Secretaría de la Mujer registró niveles de ejecución extremadamente bajos, con recursos asignados que no se transformaron en acciones en territorio ni en servicios para las mujeres. En un país con profundas brechas de género, presupuesto no ejecutado equivale a derechos no garantizados.
El contraste entre ambas instituciones revela dos modelos de gestión pública claramente diferenciados. Por un lado, Ciudad Mujer, bajo la conducción de Tatiana Lara, mostró liderazgo visible, capacidad de ejecución, presencia territorial y resultados medibles que impactaron directamente en la vida de millones de mujeres. Por otro, la Secretaría de la Mujer dejó una política de género mayormente simbólica, con baja ejecución y sin incidencia tangible en los territorios.
