El inicio de 2026 en Honduras ha estado caracterizado por una ola de violencia persistente que desafía los anuncios oficiales sobre una reducción de los delitos. En los primeros 21 días de enero, al menos 55 personas perecieron de forma violenta, una cifra que incluye la primera masacre del año, así como víctimas de distintas edades y géneros, de acuerdo con fuentes de seguridad citadas por las autoridades y organismos de monitoreo. siendo de riesgo constante.
En las jornadas más recientes de enero, la atención pública se concentró sobre dos crímenes que suscitaron indignación en Comayagua. Uno de ellos fue el caso de Salvador Maradiaga, abogado penalista de 32 años, asesinado dentro de su bufete en el barrio San Sebastián. Según el reporte policial preliminar, hombres armados irrumpieron en el local y abrieron fuego repetidas veces, causándole la muerte de manera inmediata. El hecho ocurrió a plena luz del día, generando alarma entre comerciantes, vecinos y transeúntes, mientras la Policía Nacional prosigue las investigaciones para intentar esclarecer el móvil y dar con los responsables.
En ese mismo departamento, el asesinato de Yexelia Anahí Ramos Corea, una adolescente de 15 años, estremeció a la comunidad. Su cuerpo fue hallado dentro de una cuartería en el barrio Toronto, presentando señales de violencia extrema y, según las primeras pesquisas, indicios de agresión sexual y otras lesiones graves. Hasta el momento, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no ha ofrecido mayores detalles, aunque el caso ya provocó reacciones de repudio tanto en redes sociales como en colectivos locales.
La violencia que afecta especialmente a mujeres y niñas vuelve a estar en primer plano en Honduras. Según datos reportados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), al finalizar 2025 se contabilizaron al menos 200 asesinatos de mujeres. Solo en los días iniciales de 2026, organizaciones especializadas ya documentaron más de 15 muertes femeninas -la mayoría tipificadas como feminicidios- lo que lleva a colectivos feministas y organismos de derechos humanos a exigir al Estado medidas inmediatas de protección, mejora en las respuestas institucionales y acciones para asegurar justicia a las víctimas.
