Un nuevo frente judicial se abre para el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a quien el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a declarar como investigado, junto al vicepresidente Rafael Yuste y a los exdirectivos de la entidad Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, por un presunto delito de estafa de 91.500 euros a una persona inversora en 2016.
El auto, al que ha tenido acceso EFE, ha admitido a trámite la querella contra Laporta, Yuste, Sala i Martín y Oliver, todos ellos vinculados a las sociedades Core Store, radicada en España, y CSSB Limited, con sede en Hong Kong, en el momento en el que se produjeron los hechos.
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A mediados de 2016, la querellante invirtió 50.000 euros en concepto de préstamo y con un 6% de interés en Core Store, que tenía un plan estratégico para promover el ascenso del Reus Deportivo de Segunda División B a Segunda División, a través de un agente de banca privada. Y volvió a desembolsar otros 54.000 euros en acciones de CSSB Limited, cuyo objeto era la creación en China de una academia de formación inspirada en La Masia del FC Barcelona.
“La reputación pública y profesional de los intervinientes”, con Laporta como administrador solidario de Core Store junto a Oliver, exdirector general durante su primer mandato como presidente culé y consejero delegado del Reus hasta su desaparición, así como, representante legal de CSSB Limited, era el principal atractivo de ambos proyectos, además de tener a priori una muy buena rentabilidad, señala la querella, que recoge que se trataba de “figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial”.
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De los 104.000 euros invertidos, la persona afectada solo logró recuperar 12.500 euros, en agosto de 2024, tras diversas reclamaciones por los reiterados incumplimientos contractuales de ambas sociedades.
Tras conocer a través del documental Laportagate – El caso del Reus 2 que otras personas habían acometido inversiones fallidas similares a las suyas en Core Store y CSSB Limited, decidió contactar con el abogado Pepe Oriola, que representa a más afectados, para emprender acciones legales.
Se trata de la tercera causa abierta en la que se investiga a Joan Laporta por presunta estafa por su vinculación con las sociedades Core Store y CSSB Limited.
