El empresario estadounidense Carl Zaglin fue declarado culpable en Miami por sobornar a exfuncionarios hondureños vinculados a la Tasa de Seguridad Poblacional, un fideicomiso destinado a proyectos de seguridad en Honduras. La Fiscalía probó que, entre 2015 y 2019, Zaglin buscó asegurar contratos por más de 10 millones de dólares para la empresa Atlanco mediante pagos ilícitos.
Durante el juicio se presentaron transferencias bancarias, facturas falsas y grabaciones que demostraron cómo operaba el esquema. Testigos como el exbanquero Aldo Marchena y los exejecutivos Luis y Bryan Berkman admitieron canalizar sobornos, mientras que el exdirector de la Tasa, Juan Ramón Molina, aceptó haber recibido 114 mil dólares. Grabaciones mostraron a Zaglin aceptando el mecanismo de los pagos.
La defensa argumentó que las transacciones eran comisiones comerciales legales y que Zaglin actuó con asesoría de abogados, cuestionando la credibilidad de los testigos. Sin embargo, el veredicto subraya la atención de la justicia estadounidense a la corrupción internacional y el uso de fondos públicos hondureños.
