La organización Cristosal denunció este martes, en una investigación compartida a EFE, casos de corrupción en cárceles de El Salvador, entre estos el pago a personas particulares para que familiares de detenidos en el contexto de la medida de régimen de excepción, implementada desde marzo de 2022 contra las pandillas, pudieran visitar a sus parientes.
De acuerdo con la investigación de la organización defensora de derechos humanos, en estos casos «están involucrados abogados como intermediarios de pagos y beneficios penitenciarios irregulares» y «el pago directo a personas particulares, contactos» de la Dirección General de Centros Penales.
Por ejemplo, Cristosal citó el ejemplo de una mujer a quien «le pedían 2.000 dólares en Mariona (Centro Penal La Esperanza) para poder ver a uno de sus hijos» y el caso de otra mujer que «pagó 4.000 dólares cada vez que entró a ver al marido», «lo vio dos veces».
«Según familiares y allegados de una persona privada de libertad, condenada desde 2022, han podido visitarlo dos veces en el Penal de Mariona pagando 500 dólares por cada una de las visitas. El acceso a estas visitas, según manifestaron los parientes, fue facilitado por una abogada», reveló la organización.
