Requerimiento fiscal contra exempleados de la UCP del Instituto de la Propiedad y directivos de una fundación por defraudar por L 39.5 millones al Estado, al utilizar el fideicomiso SITEC para desviar fondos mediante un falso proyecto que nunca se ejecutó
26 de agosto de 2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presenta la primera línea de investigación relacionada al uso de fondos públicos por funcionarios que dirigieron en el año 2022 la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP).
Dicho requerimiento fiscal por los delitos de fraude y uso de documentos falsos es contra las exempleadas de la UCP: Cristy Dayanara Sánchez Valle (excoordinadora técnica), Tania Michell Montoya Zepeda (exgerente administrativa y financiera), Mario Roberto Reyes López (exdirector del Programa de Vivienda Social), Leyla Patricia Rubio Valladares (excoordinadora de la Unidad de Presupuesto) y contra los representantes de la Fundación Ayudando con Amor: Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berríos Salinas.
De acuerdo a las investigaciones, estas personas se coludieron para utilizar fondos del fideicomiso SITEC, (que ya había sido derogado) al firmar un convenio con la Fundación Ayudando con Amor con el fin de construir proyectos sociales que nunca se ejecutaron.
Dicho convenio establecía que la UCP desembolsaría 39.5 millones de lempiras bajo la figura de donación, pese a que la UCP no estaba autorizada para otorgar donaciones ya que los fondos que administraba provenían de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y de traslación de dominio (cambio legal de la propiedad de un bien) canalizados mediante el fideicomiso SITEC.
Según las investigaciones, un año después se comenzaron a desembolsar los fondos mediante cheques a cuentas controladas por los imputados, quienes presentaron documentos falsos para justificar los pagos, materializándose así un esquema para saquear las arcas del Estado.
