El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló la existencia de una red de corrupción en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), que operó entre 2022 y 2023 e involucró a funcionarios, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y particulares.
Según el informe titulado “El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo”, más de 103 millones de lempiras fueron ejecutados en proyectos de infraestructura menor, ayudas sociales y becas bajo un esquema que mezclaba irregularidades y clientelismo político.
El ministro de la SGJD, Tomás Vaquero, es señalado por excederse en la asignación de fondos, permitiendo que la distribución de recursos se convirtiera en un mecanismo de favoritismo político.
Además, el informe detalla que el esquema comenzaba en el Congreso Nacional, donde diputados seleccionaban los proyectos y las ONG encargadas de ejecutarlos.
Dentro de la SGJD, la exgerente administrativa desempeñaba un papel clave, con vínculos familiares con varias de las ONG beneficiadas: su esposo figuraba como apoderado legal y su cuñada como miembro de la junta directiva.
Una vez asignados los fondos, las ONG realizaban contrataciones privadas dirigidas, asegurando que empresas y contratistas vinculados al esquema recibieran los proyectos, alternándose el acceso a los recursos públicos.
De esta manera, las mismas empresas y contratistas individuales eran sistemáticamente favorecidos, replicando un patrón denunciado previamente por el CNA en mayo de este año.
El informe destaca cómo este entramado permitió que la asignación de fondos se convirtiera en un mecanismo de clientelismo político, vulnerando la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos bajo la supervisión de autoridades de la SGJD como Tomás Vaquero. GM
