Un juez federal en California extendió este jueves el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 72.000 personas de Centroamérica y Asia, incluyendo personas de Nepal, Honduras y Nicaragua.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó previamente que las condiciones en los países de origen de los inmigrantes ya no justificaban las protecciones, que les impiden ser deportados y les permiten trabajar en Estados Unidos.
Las designaciones de Estatus de Protección Temporal para un estimado de 7.000 personas de Nepal estaban programadas para finalizar el 5 de agosto. Y las protecciones que permiten a 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante más de 25 años estaban por expirar el 8 de septiembre. La secretaria dijo que tanto Honduras como Nicaragua habían hecho “progresos significativos” en su recuperación del huracán Mitch de 1998.
El Gobierno de Trump ha buscado agresivamente eliminar la protección, haciendo que más personas sean elegibles para la deportación.
Las terminaciones son parte de un esfuerzo amplio por parte de la administración republicana para deportar inmigrantes en masa, persiguiendo a personas que están en el país ilegalmente, pero también eliminando protecciones que han permitido a personas vivir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal.
Noem puede otorgar estatus de protección temporal a personas de varios países ya presentes en Estados Unidos si las condiciones en su país de origen impiden un retorno seguro, como en caso de desastre natural o inestabilidad política.
El Gobierno de Trump ya ha terminado el TPS para unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas de Afganistán, Nepal y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en tribunales federales.
Los abogados de la Alianza Nacional TPS argumentan que las decisiones de Noem no se basaron en un análisis objetivo de las condiciones en los países de origen, sino que fueron predeterminadas por las promesas de campaña del presidente Donald Trump y motivadas por animosidad racial. Dicen que los designados usualmente tienen un año para salir del país, pero en este caso, recibieron mucho menos tiempo.
“Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, dijo Ahilan Arulanantham, un abogado de los demandantes, en una audiencia el martes.
El Gobierno argumenta que Noem tiene autoridad clara y no revisable sobre el programa TPS y que sus decisiones de terminación reflejan los objetivos de la administración en materia de inmigración y política exterior.
El abogado del Departamento de Justicia William Weiland dijo que no es un pretexto tener una visión diferente de un programa que proporciona refugio seguro temporal.
“No está destinado a ser permanente”, dijo el martes.
