La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura del ex subgerente del Fondo Vial, José Efraín Peñalva Lizardo a quien se le supone responsable de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tras el requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO) el 28 de abril de 2025.
En este requerimiento fiscal se acusaron a 12 personas, varios de ellos exfuncionarios de Fondo Vial y representantes legales de empresas privadas que supuestamente defraudaron al Estado de Honduras por más de 34 millones de lempiras, entre ellos Hugo Alfredo Ardón Soriano y Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias Cachiro), este último condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La investigación revela que los funcionarios del Fondo Vial y particulares, autorizaron, adjudicaron y suscribieron contratos fraudulentos con las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR) propiedad de Los Cachiros y Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de C.V. (TECNISA) para el mantenimiento de la red vial no pavimentada en zonas de Colón.
Entre las irregularidades destacan, falsificación de firmas durante el proceso de licitación, sobrevaloración de precios, pagos ilegales, uso de materiales de baja calidad y omisiones graves en la supervisión de la obra, sin que se realizan medidas correctivas.
Se constató a través de pericia de extracción de información que, Edgardo Pérez Martínez representante de INRIMAR, gestionó pagos irregulares y bonos a favor de funcionarios de esa dependencia, entre los beneficiados por agilizar los procesos y adjudicaciones ilegales figura una actual diputada suplente del Congreso Nacional.
