Un hombre venezolano dio el jueves el primer paso para demandar a Estados Unidos por lo que dice fue una detención y traslado erróneos a una notoria prisión de El Salvador.
Neiyerver Adrián Leon Rengel, de 27 años, pasó cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o Cecot, donde dijo que lo golpearon y maltrataron. El jueves presentó una denuncia administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional, acusando a las agencias de inmigración estadounidenses de expulsarlo sin el debido proceso.
Es la primera denuncia de este tipo que presenta uno de los 252 venezolanos que fueron expulsados y enviados a El Salvador en marzo, dijeron sus abogados, y es un paso necesario antes de emprender acciones legales contra el gobierno estadounidense ante un tribunal federal.
Leon Rengel, quien reclama 1,3 millones de dólares por daños y perjuicios, quedó en libertad la semana pasada en el marco de un canje de prisioneros a gran escala entre Venezuela y Estados Unidos. Ahora vive en Venezuela.
“Yo quiero limpiar mi nombre”, dijo en una entrevista telefónica la noche del miércoles desde su casa en el estado de Miranda. “Yo no soy una mala persona”.
El Departamento de Seguridad Nacional no hizo comentarios inmediatos sobre la demanda de Leon Rengel.
La reclusión de hombres venezolanos en El Salvador en marzo fue uno de los primeros esfuerzos de alto perfil para cumplir la promesa electoral del presidente Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas. Su gobierno ha acusado a los migrantes de pertenecer a una banda venezolana, el Tren de Aragua, y ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra raramente invocada, para justificar la captura y expulsión de muchos de los hombres a El Salvador.
Algunos de los migrantes deportados tenían antecedentes penales, entre ellos al menos 32 que fueron condenados o acusados de cargos graves, pero una investigación de The New York Times descubrió que la mayoría de los hombres no los tenían. Las familias de muchos de los hombres han dado un paso al frente para impugnar las acusaciones de afiliación a una banda criminal, y sus abogados sostienen que los hombres fueron deportados sin una oportunidad justa de defender su caso ante un tribunal.
Leon Rengel presentó su denuncia con la ayuda de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, un grupo de derechos civiles. Su director ejecutivo, Juan Proaño, afirma que tiene previsto presentar otras decenas de denuncias en nombre de hombres que fueron enviados a la prisión de El Salvador.
Norman Eisen, presidente del Fondo para los Defensores de la Democracia, grupo prodemocracia no partidista, dijo que era importante responder enérgicamente a lo que describió como un “secuestro ilegal” por parte del gobierno estadounidense.
