Un jueza federal no bloqueará una controvertida iniciativa del Gobierno de Trump para compartir información de los contribuyentes con las autoridades federales de inmigración para rastrear a inmigrantes indocumentados y deportarlos rápidamente del país.
La jueza de distrito Dabney Friedrich rechazó el lunes los argumentos de varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes afirmaban que el acuerdo de intercambio de datos entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violaba las leyes de confidencialidad del contribuyente.
La decisión representa una victoria para el presidente Donald Trump y su agenda migratoria. Funcionarios de la administración de Trump argumentaron que una mayor cooperación entre el IRS y el ICE protegerá a los estadounidenses al expulsar a inmigrantes potencialmente peligrosos que ingresaron al país ilegalmente.
CNN se ha puesto en contacto con el IRS, el Departamento de Seguridad Nacional y los grupos que presentaron la demanda para obtener comentarios.
Friedrich fue designada por Trump en 2017 durante su primer mandato. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que presentaron la demanda ahora podrían apelar su fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington.
El acuerdo de intercambio de datos permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que supervisa ICE, solicitar al IRS que confirme las direcciones de los inmigrantes indocumentados sospechosos de desafiar las órdenes de deportación. El acuerdo se aprobó a principios de abril a pesar de las objeciones de varios altos funcionarios del IRS, quienes se negaron a firmarlo por cuestiones legales.
Estas preocupaciones se derivaron del hecho de que las leyes federales limitan estrictamente cuándo el IRS puede compartir información de los contribuyentes con otras agencias. El IRS puede compartir datos para facilitar las investigaciones penales, pero la agencia tributaria no puede compartir datos únicamente para facilitar las deportaciones, que son un asunto civil.
La jueza concluyó en su fallo del lunes que la administración de Trump elaboró el acuerdo de intercambio de datos con el suficiente cuidado para, al menos en apariencia, cumplir con la ley. El Departamento de Justicia argumentó que las solicitudes de datos privados solo se dirigirán a personas bajo investigación penal por desafiar ilegalmente las órdenes de deportación. Los grupos de inmigrantes han argumentado que este es un pretexto apenas disimulado para eludir la ley.
“Solicitar y recibir información con fines de cumplimiento de la ley civil constituiría un perjuicio reconocible, pero ninguna de las organizaciones ha demostrado que dicho perjuicio sea inminente”, escribió Friedrich, y agregó: “El Memorándum solo permite compartir información para investigaciones penales… Con este limitado historial, el Tribunal no puede asumir que el DHS pretenda utilizar la información compartida para facilitar procedimientos civiles en lugar de penales”.
Durante décadas, se ha animado a los inmigrantes indocumentados a registrarse en el IRS y pagar los impuestos federales que adeudan, y se les ha asegurado que su información de identificación privada se mantendrá privada. El intento de la administración de Trump de eliminar esta protección ha generado pánico en las comunidades inmigrantes y ha llevado a algunos migrantes indocumentados a abstenerse de presentar sus impuestos federales este año.
CNN informó recientemente que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk creará una base de datos maestra con datos del IRS, la Administración del Seguro Social y otras agencias para agilizar la aplicación de las leyes de inmigración. Un portavoz del Departamento del Tesoro, que supervisa el IRS, insistió a finales del mes pasado en que los datos de los contribuyentes no se están “compartiendo inapropiadamente entre agencias gubernamentales”.
En una audiencia judicial el mes pasado, Friedrich examinó el acuerdo de intercambio de datos y cuestionó si la administración de Trump inventó un pretexto para que el acuerdo fuera legalmente aceptado. Sin embargo, también presionó a los grupos de derechos de los inmigrantes que presentaron el caso, retándolos a mostrar pruebas de que la administración de Trump pretendía violar las leyes de privacidad del contribuyente.
“En esencia, este caso presenta una cuestión legal limitada: ¿Viola el Memorando de Entendimiento entre el IRS y el DHS el Código de Impuestos Internos? No lo hace”, escribió Friedrich el lunes en su fallo. “El lenguaje sencillo (del código tributario federal) exige la divulgación en las circunstancias y condiciones previas específicas descritas en el (acuerdo IRS-ICE)”.
