Hasta el 8 de abril, la oenegé Cristosal recopiló datos de 94 personas deportadas por Estados Unidos al CECOT. La gran mayoría tenía un empleo antes de su detención y, además, estaba gestionando su asilo o tenía el amparo del TPS.
Casi 4 de cada 5 personas que Estados Unidos ha deportado desde el 16 de marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, tenían un empleo en el país norteamericano antes de ser detenidas, revela un análisis preliminar de la oenegé Cristosal.
En un informe publicado este miércoles 9 de abril, Cristosal explicó que habilitó un formulario en línea para que los familiares de personas deportadas ingresen sus casos y obtengan asesoría para presentar habeas corpus ante el sistema judicial salvadoreño.
Hasta el 8 de abril, la organización capturó la información de 94 casos y entre ellos solo hay una persona salvadoreña y las restantes 93 son venezolanas. Desde el 16 de marzo, al menos 278 personas han sido trasladadas al CECOT, desde Estados Unidos, acusadas por la administración de Donald Trump de pertenecer a la MS-13 o a la banda criminal Tren de Aragua. Según lo comunicado por ambos países, a cambio de resguardarlas en la megacárcel, el gobierno de Nayib Bukele recibirá $6 millones.
Según Cristosal, de los 94 casos que ha registrado, el 78 % tenía un empleo al momento de su detención. Además, solo en el 17 % de ellos se declaró que la situación migratoria de la persona era irregular en Estados Unidos y la gran mayoría estaba en proceso de obtener asilo o ya contaba con el amparo de un beneficio migratorio, mientras que solo el 30 % tenía una orden formal de deportación.
Para el caso, en el 48 % de los registros se indica que la persona estaba tramitando su asilo, en el 9 % la persona tenía una solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One, mientras el 11 % era beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).
En cuanto a la justificación para la deportación, Cristosal encontró que si bien en el 48 % de los casos se afirma que la persona está siendo acusada de haber cometido un delito, “al profundizar sobre la tipificación del delito, vemos que casi en su totalidad se refieren a la acusación genérica de pertenecer a una pandilla (Tren de Aragua)”. Solo el 13 % tiene algún antecedente penal y en el 46 % de los casos, las familias afirmaron que la persona fue engañada antes de ser deportada.
En un tercio de los casos, las familias señalaron que la acusación se basó exclusivamente en los tatuajes del deportado, aunque estos no tengan relación con pandillas. “El 87 % de las familias que reportaron casos indican que la persona deportada tiene tatuajes, mientras que un 30 % indica que la causa de la detención o de la supuesta vinculación de su familiar con estructuras criminales deriva exclusivamente de los tatuajes, aunque estos no sean alusivos a pandillas o estructuras delictivas”, dijo Cristosal.
La oenegé señaló que estos datos parecen indicar que la mayoría de los casos no tienen fundamento: “Se ha aplicado la medida de traslado o deportación independientemente del estado migratorio de las personas, sobre la base de la imputación genérica de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, lo que a la luz de los datos disponibles en la gran mayoría de los casos parece infundado”.
Los datos preliminares de Cristosal coinciden con los reportes que dos medios estadounidenses han publicado en los últimos días. El domingo 6 de abril, la cadena CBS dijo haber obtenido documentos internos de la administración de Donald Trump, los cuales cruzó con archivos judiciales de cortes estadounidenses e internacionales.
En este ejercicio, CBS encontró que por lo menos el 22 % de las personas deportadas tiene antecedentes penales en Estados Unidos o el extranjero. No encontró antecedentes para el 75 % de los venezolanos que hoy están en el CECOT y en el 3 % de los casos no está claro si tienen o no récords criminales.
Bloomberg también hizo lo propio con documentos judiciales y gubernamentales. Los resultados, publicados hoy, indican que cerca del 90 % de las personas deportadas a El Salvador no tenía antecedentes criminales. En días anteriores, otros medios como The Washington Post han publicado las denuncias de familiares y abogados de deportados, quienes afirman que algunos fueron identificados como miembros del Tren de Aragua solo por sus tatuajes o vestimenta.
Hasta la fecha, ni El Salvador ni Estados Unidos han puesto a disposición del público información oficial sobre las personas deportadas al CECOT. El formulario que Cristosal nace, precisamente, de la negativa del Gobierno salvadoreño a proporcionar datos sobre estos traslados.
En su informe, la oenegé dijo que solicitó información a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y a la Presidencia de la República sobre las personas venezolanas deportadas desde Estados Unidos. Pidió la cantidad exacta, lista de nombres, cuántas tenían una condena previa en el mencionado país y quiénes están vinculadas con la estructura criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, la Presidencia se declaró incompetente para brindar la información, mientras que la DGCP negó los datos porque ha declarado reservada la información de las personas registradas en el Sistema de Información Penitenciaria.
La información también ha sido nula para las familias. En ninguno de los 94 casos registrados por Cristosal han logrado comunicarse con los detenidos ni han sido contactadas por las autoridades salvadoreñas. El 33 % dijo que pudo comunicarse con su familiar mientras estuvo detenido en Estados Unidos, pero esta comunicación se cortó desde que llegó a El Salvador.
