Expertos de la ONU identificaron por primera vez este jueves a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua, con los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a la cabeza, como responsables de graves «crímenes» y «represión sistemática».
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua reveló los nombres de los que denomina «responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes que están alimentando una campaña de represión sistemática» en el país centroamericano.
En los últimos siete años han tenido «funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales» y «persecución de la sociedad civil», agregó el reporte, difundido en Panamá y Ginebra.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007. Sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa Murillo de 73 años.
Ambos, autodesignados «copresidentes» en una reforma constitucional reciente, aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras protestas masivas que estallaron en abril de 2018 y cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU.
El informe «pone al descubierto la anatomía de un sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo», afirmó Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.
Incluye en el «régimen represivo» al jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
«Es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales», afirmó Ariela Peralta, experta del grupo.
«Hoja de ruta para la justicia»
Tras las protestas de 2018 consideradas por el gobierno como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, cientos de miles de nicaragüenses fueron forzados al exilio.
El gobierno expulsó y despojó de la nacionalidad a unos 450 críticos (políticos, sacerdotes, periodistas, escritores, músicos, empresarios), muchos de los cuales estuvieron presos acusados de «traición a la patria».
Las autoridades han clausurado más de medio centenar de medios de comunicación y casi 5.700 oenegés, con una masiva confiscación de bienes.
«Estos no son incidentes aleatorios o aislados, son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas», agregó Peralta.
Reed Brody, otro de los expertos del grupo, consideró el informe como una «hoja de ruta para la justicia», pues Estados y organismos internacionales «ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas».
Ese órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió a la comunidad internacional tomar medidas «urgentes», que incluyan «acciones legales y sanciones» contra el gobierno de Nicaragua, y «dar mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil».
Con la reforma constitucional vigente desde febrero Ortega y Murillo tomaron control absoluto del Estado, pues eliminaron la independencia de poderes, institucionalizaron el despojo de la nacionalidad, la vigilancia sobre la Iglesia y la prensa.
Crearon además una fuerza de miles de encapuchados para apoyar a las fuerzas de seguridad.
Un día después de que el equipo de expertos publicara un informe que denunció la instauración con esa reforma de un «Estado autoritario», Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
