Fiscales generales demócratas de 23 estados y de la ciudad de Washington presentaron una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) y contra su secretario, Robert F. Kennedy Jr., por la repentina reducción de US$ 12.000 millones en fondos de salud pública por parte del departamento que alegan que fue ilegal y perjudicial.
En la demanda, presentada este martes, los fiscales generales solicitan una orden de restricción temporal y una medida cautelar para detener de inmediato los recortes de los fondos por parte de la administración que —según afirman— provocarán la interrupción de servicios clave de salud pública y la pérdida de empleos de miles de trabajadores de la salud.
La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recortaron aproximadamente US$ 11.400 millones en fondos asignados a los departamentos de salud estatales y comunitarios durante la respuesta a la pandemia de covid-19. Los CDC esperan comenzar a recuperar este dinero en aproximadamente 30 días, según el HHS. Se cancelaron US$ mil millones adicionales de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, según los fiscales generales.
El HHS declaró este martes que no haría comentarios sobre los litigios en curso.
“La pandemia de covid-19 ha terminado, y el HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes para responder a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años. El HHS priorizará el financiamiento de proyectos que cumplan con el mandato del presidente Trump de abordar nuestra epidemia de enfermedades crónicas y hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, declaró la agencia la semana pasada.
La coalición de fiscales generales argumenta que, si bien es cierto que esos fondos eliminados fueron asignados durante la pandemia de covid-19, nunca se destinaron únicamente a la respuesta al covid-19. Más bien gran parte de los fondos se asignaron para apoyar el sistema de salud pública a largo plazo, así como para la preparación ante pandemias y ciertos servicios de salud conductual, incluyendo el tratamiento de adicciones y la prevención del suicidio.
“Recortar estos fondos ahora revertirá nuestro progreso en la crisis de opioides, sumirá en el caos nuestros sistemas de salud mental y dejará a los hospitales con dificultades para atender a los pacientes”, declaró en un comunicado de prensa la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuyo estado podría perder más de US$ 400 millones en fondos de salud pública.
Los fondos estaban siendo utilizados para dar respuestas sanitarias más sólidas en el futuro, incluyendo los brotes de sarampión y gripe aviar H5N1 que hay actualmente, declaró el Dr. Joseph Kanter, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales, cuando se anunciaron los recortes la semana pasada.
“Estos fondos fueron asignados por el Congreso y fueron asignados a los departamentos de salud con planes de trabajo, presupuestos y plazos aprobados por las agencias federales”, declaró Kanter en un comunicado. Su organización no está involucrada en la nueva demanda.
