El Gobierno de El Salvador ha recuperado más de 11.000 casas ocupadas por presuntos pandilleros, en el marco de la guerra contra las bandas decretada hace tres años por el presidente Nayib Bukele, informó este viernes el Ministerio de Vivienda.
El 27 de marzo de 2022, en respuesta a 87 homicidios registrados el fin de semana anterior, Bukele instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas, que controlaban el 80 % del territorio.
Hemos recuperado más de 11.000 viviendas a nivel nacional, dice el ministerio en un informe.
La Policía y el Ejército fueron desplegados en los barrios controlados por pandillas, lo que facilitó la recuperación de casas ocupadas por supuestos pandilleros o abandonadas por sus dueños.
La guerra de Bukele ha llevado a prisión a miles de presuntos pandilleros y ha permitido una reducción considerable de los homicidios. Sin embargo, es criticada por grupos de derechos humanos que afirman que no respeta las libertades civiles y que hay muchos inocentes tras las rejas.
Las pandillas se financian con extorsiones y venta de drogas, pero también con la renta de viviendas usurpadas que ofrecían en alquiler, según las autoridades.
Un 90 % de las viviendas recuperadas necesitaban mejoramiento; un 60 %, estaban desmanteladas total o parcialmente, indicó el ministerio.
En los barrios, las pandillas tenían sometidos por el miedo a los habitantes, y el Gobierno les atribuye más de 120.000 homicidios en las últimas tres décadas.
La Policía y el Ejército han detenido a más de 86.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 ya están en libertad tras ser declarados inocentes.
Por temor, miles de familias abandonaron las casas que estaban pagando a crédito al estatal Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Aparte de las casas devueltas a sus legítimos dueños, otras 9.044 que no habían sido pagadas fueron vendidas a familias trabajadoras de menores ingresos con créditos del FSV, indicó el ministerio.
Con este fin, el FSV destinó 119 millones de dólares para créditos sin prima y a un interés del 2 % anual.
Las casas recuperadas estaban principalmente en los departamentos de San Salvador y La Libertad, en el centro del país, y Santa Ana y Sonsonate, en el occidente.
Con el régimen de excepción, los homicidios cayeron de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2024.
