El expresidente filipino Rodrigo Duterte llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6,000 personas, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30,000.
La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
Duterte fue detenido este martes 11 de marzo en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, a su llegada de Hong Kong, donde participó en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo entre rumores sobre su orden de arresto.
La detención tuvo lugar después de que la oficina de Interpol de Manila recibiera este lunes la copia oficial de la orden de arresto de la CPI, confirmó la oficina presidencial en un comunicado.
Duterte y sus acompañantes llegaron al aeropuerto a las 9:20 hora local (1:20 GMT), momento en que la Fiscalía General presentó la notificación de la CPI por crímenes de lesa humanidad y el expresidente fue escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeropuerto.
Según el comunicado de la oficina presidencial, el político de 79 años de edad goza de buena salud y fue examinado por un equipo médico tras ser detenido.
La “guerra contra las drogas” fue la política distintiva de la campaña que llevó a Duterte al poder en 2016, con una imagen de inconformista y luchador contra el crimen, que cumplió las promesas que hizo durante discursos de acabar con miles de traficantes de narcóticos.
Exportavoz de Duterte dice que el arresto es “ilegal”
Por su parte, el exabogado y portavoz de Duterte Salvador Panelo aseguró que el arresto del expresidente fue ilegal porque no tuvo representación legal.
Panelo, que fue asistente legal de Duterte y portavoz durante su Presidencia (2016-2022), agregó en un comunicado que la orden de arresto de Interpol provenía de “una fuente espuria”, ya que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción en Filipinas.
Pero, la CPI afirma que tiene jurisdicción en Filipinas sobre presuntos crímenes cometidos antes de que el país se retirara como miembro.
Con EFE y Reuters
