El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra una presunta estructura de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014, defraudando al Estado por más de 96 millones de lempiras.
Los principales imputados son Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto a 37 personas más, entre ellos exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG’s.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), los acusados habrían cometido los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
El esquema de corrupción consistió en la adjudicación directa de 596 contratos a empresas y ONG’s sin capacidad técnica, utilizando “empresas de relleno” y fragmentando los contratos para evadir los procesos de licitación.
Además, se justificaron capacitaciones con informes falsos y se fabricaron expedientes para ejecutar el pago total de los contratos, a pesar de que muchas de estas capacitaciones nunca se realizaron o se llevaron a cabo en condiciones deficientes.
