La Procuraduría General de Brasil presentó una acusación formal contra el ex presidente Jair Bolsonaro, el ex ministro Braga Netto y otras 32 personas por su presunta participación en una trama golpista para evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
La denuncia, formulada por el fiscal general Paulo Gonet, será evaluada por la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal, con el magistrado Alexandre de Moraes como ponente.
Según la acusación, Bolsonaro habría cometido los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, daños calificados por violencia y deterioro de bienes catalogados.
La investigación apunta a que el ex mandatario evaluó y pidió modificaciones en un proyecto que contemplaba la detención de jueces del Tribunal Supremo Federal y del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, como parte de un plan para anular los comicios.
Las pruebas recogidas incluyen grabaciones y testimonios que indican que Bolsonaro y su equipo analizaron mecanismos para impedir la asunción de Lula. En diciembre de 2022, el ex presidente se reunió con los comandantes de las Fuerzas Armadas, donde discutió el posible uso de herramientas legales como la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), el Estado de Defensa y el Estado de Sitio para revertir los resultados electorales.
El ex comandante del Ejército Freire Gomes declaró ante la Procuraduría que él y el ex comandante de la Fuerza Aérea, Baptista Junior, se opusieron a la propuesta, mientras que el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, habría expresado su apoyo a Bolsonaro. Según el testimonio de Baptista Junior, Freire Gomes incluso amenazó con arrestar al ex presidente si avanzaba con la ejecución del plan.
La acusación sostiene que Bolsonaro y su entorno difundieron información falsa sobre el proceso electoral brasileño con el objetivo de generar un clima de inestabilidad política. Como parte de esta estrategia, el entonces presidente organizó una reunión con embajadores extranjeros para desacreditar el sistema de votación electrónica, lo que posteriormente llevó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a inhabilitarlo políticamente por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación.
En noviembre de 2024, la Policía Federal había señalado a Bolsonaro y a otras 39 personas en su investigación inicial. Sin embargo, la Procuraduría General no incluyó a todos los nombres en la acusación final. Bolsonaro ha negado las acusaciones en su contra.
La denuncia ahora será analizada por el Tribunal Supremo, que decidirá si abre un juicio formal contra el expresidente y sus colaboradores.
Bolsonaro, de 69 años, niega las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.
La acusación de la fiscalía queda en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si inicia un proceso contra Bolsonaro por estos hechos.
Horas antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía este martes, el exmandatario dijo a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.
Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar la ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado.
La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque.
