Más de dos decenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses, desde la Iglesia Episcopal y la Unión para el Judaísmo Reformista hasta los menonitas y los unitarios universalistas, presentaron este martes una demanda ante un tribunal federal desafiando una medida de la Administración Trump que dio a los agentes de inmigración más margen de maniobra para realizar arrestos en lugares de culto.
“Tenemos inmigrantes, refugiados, personas documentadas e indocumentadas”, dijo el Reverendísimo Sean Rowe, obispo presidente de la Iglesia Episcopal.
La demanda, presentada ante el Tribunal Federal de Distrito en Washington, sostiene que la nueva política está propagando el miedo a las redadas y por ende ha bajado la asistencia a los servicios de adoración y otros valiosos programas de la iglesia. El resultado, dice la demanda, infringe la libertad religiosa de los grupos, es decir, su capacidad de ministrar a los inmigrantes, incluidos aquellos que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente.
“No podemos participar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo”, dijo a The Associated Press. “Al unirnos a esta demanda, buscamos la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, para seguir el mandato de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”.
Uno de los demandantes es la Red Nacional Cristiana Latina, que busca reunir a líderes latinos con diferentes tradiciones y valores para colaborar en cuestiones sociales apremiantes.
El presidente de la red es el reverendo Carlos Malavé, pastor de dos iglesias en Virginia, quien describió a AP lo que están observando los miembros de la red.
“Existe un miedo y una desconfianza profundamente arraigados en nuestro Gobierno”, afirmó. “La gente tiene miedo de ir a la tienda, evitan ir a la iglesia. (…) Las iglesias celebran cada vez más servicios en línea porque la gente teme por el bienestar de sus familias y sus hijos”.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que encabeza la denominación más grande del país, no se unió a la demanda, aunque ha criticado la represión migratoria de Trump. Este martes, el Papa Francisco emitió una importante reprimenda al plan de deportación, y advirtió que la expulsión forzosa de personas simplemente por su estatus ilegal las priva de su dignidad inherente y “terminará mal”.
Muchos líderes religiosos conservadores y expertos legales en todo Estados Unidos no comparten sus preocupaciones sobre la nueva política de arrestos.
“Los lugares de culto son para el culto y no son santuarios para actividades ilegales o para albergar a personas involucradas en actividades ilegales”, dijo Mat Staver, fundador de la organización legal cristiana conservadora Liberty Counsel.
“Los fugitivos o delincuentes no son inmunes a la ley simplemente porque ingresan a un lugar de culto”, dijo por correo electrónico. “Esta no es una cuestión de libertad religiosa. No hay derecho a violar abiertamente la ley y desobedecer la aplicación de la ley”.
La profesora Cathleen Kaveny, que enseña en el departamento de Teología y en la facultad de Derecho del Boston College, se preguntó si los demandantes prevalecerían con el argumento de la libertad religiosa, pero sugirió que la Administración Trump podría ser imprudente al ignorar una visión tradicional de los lugares de culto como lugares de santuario para personas vulnerables.
“Estos edificios son diferentes, casi como embajadas”, dijo. “Pienso que las iglesias pertenecen a un país eterno”.
